El Gobierno de Tucumán autorizó un gasto estimado en más de $900 millones mensuales para la provisión de alimentos destinados a personas privadas de la libertad y al personal de seguridad en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales de la provincia.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 538/7 (SES), firmado el 17 de marzo por el gobernador Osvaldo Jaldo y publicado en el Boletín Oficial. A través de esta norma, se habilita a la Dirección General de Institutos Penales a contratar de manera directa con el Departamento de Producción de Institutos Penales la provisión de hasta 180.000 raciones mensuales, equivalentes a unas 6.000 viandas diarias, durante el período comprendido entre marzo de 2026 y febrero de 2027.
El servicio alimentario alcanzará tanto a internos del sistema penitenciario como al personal de seguridad y defensa, además de personas alojadas en distintos organismos, entre ellos el Centro de Menores, la Brigada Femenina, la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán, dependencias de Gendarmería Nacional, Policía Federal, alcaldías de tribunales y comisarías de toda la provincia.
Según lo establecido en el decreto, el esquema de provisión responde a la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia de hábeas corpus correctivo dictada en 2015 por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, vinculada a las condiciones de detención.
En cuanto al cálculo del costo, la norma dispone que el valor diario de cada ración se determine en función de la Canasta Básica Total que publica la Dirección de Estadística de la Provincia. Específicamente, el monto mensual de dicha canasta será dividido por 30, lo que implica que el costo de las comidas variará de acuerdo con la evolución del indicador.
Para el inicio del contrato, el gasto estimado asciende a $912.852.000 mensuales, aunque este valor podrá ajustarse en función de las variaciones en la Canasta Básica durante la vigencia del convenio.
La contratación se realizará bajo la modalidad de contratación directa entre organismos estatales, contemplada como excepción en la Ley de Administración Financiera de la provincia. El decreto fundamenta esta decisión en el artículo 59, inciso 8, de la Ley N° 6.970, que permite acuerdos entre reparticiones oficiales.
Asimismo, la norma establece que el Estado provincial abonará únicamente por las raciones efectivamente entregadas, y dispone la implementación de mecanismos de control sobre la cantidad de comidas provistas y consumidas.
