Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino y vuelve a poner bajo la lupa al arbitraje: la Justicia investiga una serie de transferencias de dinero que habrían sido enviadas a árbitros desde cuentas vinculadas a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
Según documentación incorporada a la causa, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habría dado instrucciones a su entorno para girar dinero a jueces en actividad, en el marco de una trama que podría estar relacionada con el presunto arreglo de partidos.
La investigación está en manos del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes analizan movimientos bancarios, chats y otros elementos que podrían confirmar la existencia de pagos indebidos dentro del sistema arbitral.
Uno de los nombres más comprometidos es el del árbitro Fernando Espinoza, quien habría recibido una transferencia de 120.000 pesos en diciembre de 2020.
En paralelo, también aparece el árbitro Emanuel Ejarque, que según los registros habría percibido al menos ocho transferencias entre 2021 y 2022, por un total cercano a los 362.000 pesos.
Los pagos habrían sido canalizados a través de la firma Malte SRL, una empresa vinculada al entorno dirigencial y que aparece repetidamente en el expediente judicial.
Además de las transferencias, la causa incluye intercambios de mensajes posteriores a partidos oficiales, donde se analizan jugadas polémicas y se mencionan contactos con dirigentes. Uno de esos episodios está relacionado con un partido entre Racing y Arsenal en 2021, que quedó bajo sospecha por decisiones arbitrales discutidas.
El caso no se limita a estos dos árbitros. En la investigación también aparecen otros nombres del ámbito arbitral y dirigencial, lo que podría ampliar el alcance del escándalo dentro de la estructura del fútbol argentino.
Por el momento, no hay imputaciones firmes ni condenas, y la causa se encuentra en pleno desarrollo. Sin embargo, las pruebas reunidas —transferencias, chats y movimientos financieros— ya generan un fuerte impacto y reavivan las sospechas sobre la transparencia del arbitraje en el país.
