El debate sobre la eutanasia volvió a instalarse con fuerza en la Argentina, impulsado por una serie de proyectos de ley que buscan legalizar la muerte asistida y establecer un marco regulatorio para quienes atraviesan enfermedades graves o sufrimientos irreversibles.
Actualmente, la eutanasia no es legal en el país, aunque sí existe la llamada “muerte digna”, contemplada en la Ley 26.742. Esta norma permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos o soporte vital cuando solo prolongan el sufrimiento, pero no habilita acciones destinadas a provocar la muerte.
En los últimos años, distintos sectores políticos volvieron a impulsar iniciativas para cambiar este escenario. Solo entre 2024 y 2025 se presentaron varios proyectos en el Congreso que buscan permitir la eutanasia o el suicidio asistido bajo condiciones estrictas, como el consentimiento informado del paciente, controles médicos y evaluaciones interdisciplinarias.
Uno de los proyectos más recientes, impulsado por legisladores de la UCR, propone reconocer el derecho de las personas a solicitar asistencia médica para morir en casos de enfermedades incurables o padecimientos que generen sufrimiento considerado intolerable.
Las iniciativas coinciden en establecer requisitos rigurosos: mayoría de edad, diagnóstico médico irreversible, evaluaciones profesionales y mecanismos de control para evitar abusos.
El avance de estos proyectos se da en un contexto regional donde países como Uruguay ya dieron pasos hacia la legalización, lo que volvió a encender la discusión en la Argentina sobre los límites del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el rol del Estado en el final de la vida.
Sin embargo, el tema sigue generando fuertes divisiones. Mientras algunos sectores sostienen que se trata de una ampliación de derechos vinculada a la dignidad humana, otros advierten sobre implicancias éticas, legales y médicas que podrían derivar en situaciones de riesgo o abuso.
Por ahora, los proyectos no lograron avanzar en el Congreso, pero el debate ya está instalado en la agenda pública y promete volver a discutirse en profundidad en los próximos meses.
