Las acusadas habrían intentado ocultar pruebas en una causa que investiga una red de corrupción dentro de la fuerza policial, vinculada al uso ilegal de detenidos para trabajos particulares.
La Justicia tucumana avanzó en una causa que sacude a la Policía provincial: dos mujeres policías fueron imputadas por encubrimiento agravado en una investigación que revela el uso de presos para realizar trabajos en una obra privada.
Se trata de una cabo y una sargento ayudante, quienes se desempeñaban como secretarias del ex jefe de la Unidad Regional Norte. Ambas están acusadas de haber intervenido para ocultar pruebas clave en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de la fuerza.
Según la acusación fiscal, las imputadas actuaron luego de tomar conocimiento de que se investigaba a sus superiores por el delito de peculado. En ese contexto, habrían retirado elementos de oficinas que podían resultar fundamentales para esclarecer los hechos, entorpeciendo así el avance de la causa judicial.
El caso tiene como eje una grave irregularidad: el traslado de detenidos desde distintas comisarías para realizar trabajos de albañilería, pintura y herrería en una vivienda particular ubicada en El Cadillal, perteneciente al entonces jefe policial.
De acuerdo con la investigación, estas maniobras se habrían llevado a cabo con la colaboración de otros efectivos, quienes autorizaban y organizaban las salidas de los presos para cumplir tareas en beneficio privado, lo que configura un uso indebido de recursos del Estado.
En total, ya son al menos nueve las personas involucradas en la causa, entre ellas altos mandos policiales, algunos de los cuales permanecen detenidos, mientras que otros cumplen medidas restrictivas.
Por su parte, las dos nuevas imputadas deberán cumplir medidas de menor intensidad durante tres meses, mientras continúa la investigación que busca determinar el alcance total de esta presunta red de corrupción dentro de la fuerza policial tucumana.
