Cuenta regresiva para el presidente de la AFA. El próximo 20 de enero vence el plazo para que la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga justifiquen ante la Inspección General de Justicia (IGJ flujos millonarios adeudados desde 2017, mientras el Gobierno nacional avanza con una ofensiva judicial que pone contra las cuerdas a Claudio “Chiqui” Tapia y a su círculo más cercano.
Para el presidente Javier Milei, Tapia se convirtió en un blanco central de su disputa contra los privilegios enquistados en el fútbol argentino; para el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en cambio, el titular de la AFA representa un aliado táctico clave en el Conurbano. Ambos miran el escenario político de 2027, pero el futuro inmediato del mandamás del fútbol se juega mucho antes, con el Mundial 2026 como telón de fondo.
La Casa Rosada decidió avanzar por la vía institucional y judicial. La IGJ exige explicaciones por un flujo de 111 millones de dólares en la AFA y otros 340 millones en la Superliga, correspondientes a balances no presentados desde 2017. El vencimiento del plazo marca un punto de inflexión que podría derivar en sanciones severas.
La ruta del dinero bajo la lupa judicial
La ofensiva no se limita a los balances contables. En paralelo, la Justicia federal investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a contratos internacionales del fútbol argentino. El productor teatral Javier Faroni y su esposa deberán comparecer ante el juez federal Luis Armella, acusados de haber desviado al menos 42 millones de dólares a través de sociedades fantasma.
La investigación apunta a la firma TourProdEnter LLC, que cobraba comisiones del 30% por contratos de la AFA en el exterior y administraba fondos en Estados Unidos. A esto se suma la delicada situación de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, cuya defensa sufrió un revés luego de que la Cámara en lo Penal Económico rechazara frenar la causa durante la feria judicial.
El juez Marcelo Aguinsky ordenó, además, dar de baja una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por un presunto testaferro, quien registraba gastos mensuales de hasta 50 millones de pesos, incluso para pagar servicios personales con fondos de la entidad.
Resistencia política y refugio en el Conurbano
Frente al avance judicial, Tapia optó por refugiarse en la política territorial. Convocó para el 7 de febrero a un masivo “Encuentro de Dirigentes” en Ezeiza, donde espera reunir a miles de referentes del fútbol del interior, en una demostración de fuerza que busca blindarlo frente a las embestidas del Gobierno.
El presidente de la AFA se mueve con comodidad en el Conurbano bonaerense, respaldado por intendentes alineados con el peronismo. Pilar aparece como un punto estratégico: allí la AFA fijó nuevo domicilio, en medio de versiones que señalan un intento de redireccionar causas judiciales hacia juzgados más amigables.
El respaldo de Kicillof y el tablero político
En este escenario, Axel Kicillof emerge como el principal sostén político de Tapia. Desde 2025, el titular de la AFA ocupa un cargo clave en la CEAMSE, una de las cajas más importantes del AMBA. En La Plata descartan cambios y ratifican su continuidad, mientras en el Gobierno nacional se preguntan si también se avanzará sobre esa estructura.
Con la presión judicial en aumento y el reloj corriendo, la cuenta regresiva ya está en marcha. El interrogante no es solo si Tapia resistirá el embate del Gobierno, sino si llegará al Mundial 2026 con el poder intacto o si el fútbol argentino será el próximo escenario de una batalla política de alto voltaje.
