Con el objetivo de combatir la corrupción, el Gobierno de Javier Milei amplió los criterios de exclusión y dejó fuera de las licitaciones del Estado a empresas involucradas en hechos irregulares o conductas fraudulentas.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el régimen de licitaciones y contrataciones del Estado que endurece las condiciones para participar en obras, bienes y servicios, con el foco puesto en impedir el acceso de empresas vinculadas a la corrupción.
A través del decreto 5/2026, el Poder Ejecutivo estableció criterios más amplios de inelegibilidad para proveedores y contratistas del Estado Nacional. La nueva normativa excluye no solo a firmas involucradas en hechos de corrupción, sino también a aquellas que hayan incurrido en conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas, entre otras irregularidades.
Uno de los puntos centrales de la medida es la incorporación de controles basados en estándares internacionales. A partir de ahora, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en los listados de inhabilitación del Banco Mundial ni del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sumando así un filtro adicional para prevenir maniobras irregulares en la contratación pública.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que “la contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”. En ese sentido, remarcó que la corrupción “deteriora la confianza en las instituciones, afecta la calidad de los servicios públicos y conduce al uso ineficiente de los recursos del Estado”.
La norma también refuerza el rol del Estado en la prevención y sanción de prácticas ilícitas, al señalar que deben implementarse medidas administrativas, civiles o penales, incluyendo la exclusión o inhabilitación de empresas en procedimientos de selección para contratos públicos.
Un cambio relevante es la eliminación de la restricción previa que limitaba la inelegibilidad a prácticas definidas exclusivamente por la Convención de la OCDE contra el cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Con la nueva redacción, el alcance de las causales de exclusión se amplía significativamente.
La decisión se conoce en un contexto político y judicial marcado por la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Según la Justicia, se trató de un esquema de contratos amañados, adelantos financieros injustificados y obras inconclusas sin sanciones.
En paralelo, el Ejecutivo recordó que ya se modificó el sistema de registro de empresas habilitadas para licitaciones, que ahora deben inscribirse en el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma unificada para modernizar y transparentar los procesos.
Estas medidas se inscriben en un reordenamiento del rol del Estado en la economía, que incluye privatizaciones y concesiones, como la venta de acciones de Transener y el avance en la concesión de rutas nacionales.
