Las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el sistema de inteligencia buscan modernizar la SIDE, ordenar funciones históricamente superpuestas y adaptar el esquema a las amenazas del siglo XXI.
El Gobierno de Javier Milei avanzará en las próximas horas con una nueva etapa de reformas en el Sistema de Inteligencia Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que modificará aspectos centrales de la Ley 25.520 y profundizará los cambios ya introducidos por el Decreto 614/24. La iniciativa apunta a modernizar, ordenar y dotar de mayor legitimidad institucional al funcionamiento del sistema.
Según se informó oficialmente, las reformas buscan corregir distorsiones históricas, eliminar superposiciones de funciones y fortalecer los mecanismos de control, en línea con estándares democráticos y con las necesidades estratégicas que plantea el escenario global actual.
Uno de los ejes centrales del DNU es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este espacio permitirá compartir información estratégica entre los distintos organismos especializados del Estado, incorporando aportes de áreas económicas, tecnológicas, sanitarias, financieras y comunicacionales al análisis nacional.
En paralelo, se establecerá una Comunidad Informativa, integrada por organismos estatales que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que aportan datos relevantes para ampliar la base de información estratégica disponible para el Estado.
Otro aspecto clave de las reformas es la separación clara entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras la ciberseguridad quedará orientada a la protección de redes, sistemas y activos críticos —con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad en el ámbito de la Jefatura de Gabinete—, la ciberinteligencia se enfocará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. Esta diferenciación apunta a mejorar la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento específico.
El DNU también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a dedicarse exclusivamente a tareas de contrainteligencia. De este modo, se busca evitar cualquier superposición con la Policía Federal y dejar la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En el texto se explicita que la contrainteligencia tendrá un carácter preventivo, orientado a detectar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera, incluyendo nuevas formas de influencia tecnológica y cognitiva.
En materia de defensa, las reformas eliminan una superposición histórica al disponer la disolución de la DNIEM. A partir de ahora, la producción de inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto, fortaleciendo el enfoque conjunto y la articulación con el sistema nacional de inteligencia.
Asimismo, se habilita formalmente la posibilidad de que los organismos de inteligencia soliciten apoyo técnico o logístico a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad, sin confundir funciones, con el objetivo de optimizar recursos como sensores, plataformas y medios técnicos.
Por último, el decreto refuerza los mecanismos de control interno. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones en auditorías, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria. Además, la designación de autoridades de los órganos desconcentrados quedará centralizada en el Secretario de Inteligencia, consolidando la conducción jerárquica del sistema.
Con este paquete de reformas, el Gobierno busca integrar plenamente la inteligencia al Estado, separar de manera definitiva estas tareas de funciones policiales o judiciales y dotar al sistema de reglas claras, controles efectivos y respaldo legal para su personal, fortaleciendo así la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo frente a un contexto internacional cada vez más complejo.
