La Justicia tucumana investiga una denuncia por presuntos hechos de corrupción, extorsión y armado de causas que involucra directamente al jefe de la comisaría de Famaillá. El caso derivó en un allanamiento realizado en Concepción, donde se secuestró una importante cantidad de dispositivos electrónicos, documentación y más de $8 millones en efectivo.
La causa se inició tras la denuncia de una mujer que afirmó que, el 6 de noviembre de 2024, un grupo de policías irrumpió en su vivienda del barrio Nueva Baviera sin exhibir orden judicial. Según su relato, los uniformados la obligaron a ella y a su familia a salir al patio, mientras revisaban la vivienda en busca de un supuesto ladrón apodado “Pañal”, aunque registros posteriores confirmaron que ese operativo nunca estuvo vinculado a la detención del sospechoso, arrestado ese mismo día en otro domicilio.
La denunciante aseguró que uno de los efectivos manipuló un envoltorio en el baño, hecho que interpretó como un intento de “plantar pruebas”. Además, señaló que los policías buscaron perfumes y un termo, y que el comisario a cargo del procedimiento le exigió $5 millones para no involucrar a su pareja —beneficiada con prisión domiciliaria por una causa de drogas— en un expediente paralelo que pudiera complicar su situación. Como no pudo reunir ese monto, el jefe policial habría solicitado al menos $3 millones y le habría insinuado que su pareja debía “vender droga para él”.
La mujer afirmó haber entregado una parte del dinero, en presencia de una abogada, y sostuvo que el comisario guardó el efectivo entre sus prendas. También denunció la desaparición de su pistola registrada, una Firestorm calibre .380.
Días después, la denunciante logró registrar en video otro encuentro con el comisario, donde presuntamente debía completar la entrega del dinero. Ese material, junto con audios, capturas de pantalla y registros electrónicos, fue incorporado al expediente por la fiscala Mónica García de Targa.
Un año más tarde, el caso llegó al despacho del juez Mario Velázquez, quien antes de resolver advirtió un aspecto institucional: la requisitoria fiscal estaba firmada por un auxiliar fiscal, algo que —según señaló— la Constitución provincial prohíbe delegar. Aclaró, no obstante, que la observación no afectaba la validez del pedido.
Tras analizar la prueba, el magistrado consideró que existían elementos suficientes para sospechar de un posible delito y autorizó un allanamiento amplio en la vivienda del comisario. La orden incluyó el secuestro de teléfonos, notebooks, pendrives, documentación, vehículos y la pistola denunciada como sustraída, aunque esta última no fue encontrada.
Durante el operativo, realizado con intervención de la Policía Federal, se incautaron dos notebooks, cinco teléfonos, un CPU, 12 pendrives, un DVR y más de $8 millones en efectivo.
El juez también dispuso librar un oficio a Whatsapp Inc., con sede en California, para obtener información completa sobre los números vinculados al acusado: registros de usuario, copias de mensajes, direcciones IP utilizadas para iniciar y cerrar sesión, y otros metadatos relevantes. El material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis.
La causa avanza bajo la hipótesis de una posible red de corrupción policial en Famaillá. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de Tucumán no realizó declaraciones públicas sobre el caso.
