Libertad Educativa es el concepto eje del borrador que el Gobierno presentó ante el Consejo de Mayo: una propuesta que busca derogar la Ley de Educación Nacional, habilitar mayor autonomía institucional, educación en el hogar y un rol central para las familias por encima del Estado.
El Gobierno nacional dio a conocer el borrador de la futura Ley de Libertad Educativa, un proyecto integral que pretende reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa alcanza a toda la educación básica —inicial, primaria y secundaria— y no modifica la normativa que regula a las universidades.
El texto propone transformaciones profundas: habilita la educación en el hogar como modalidad formal, impulsa la educación híbrida y a distancia sin límite de edad mínima, y establece que los estudiantes podrán acreditar aprendizajes a través de exámenes periódicos. Además, autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera opcional y fuera del horario escolar. También se incorporan los planes de estudio “propios”, que permitirán a cada institución diseñar contenidos según su ideario, respetando los lineamientos mínimos nacionales.
La educación básica se declara “esencial”, lo que implica que deberá garantizarse un servicio mínimo aun en caso de medidas de fuerza docentes.
Un proyecto más ambicioso que la Ley Bases
El borrador —de 136 artículos— retoma y amplía las ideas planteadas en la primera Ley Bases de 2023. Fue elaborado por la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
La noción de libertad educativa atraviesa todo el texto: aparece mencionada 27 veces, superando incluso las referencias al “Estado”, cuyo rol pasa a ser subsidiario respecto del de las familias, consideradas “agente natural y primario” en la formación de los hijos. Aunque ya no se define la educación como un “bien público”, se mantiene su gratuidad desde sala de cuatro hasta el fin de la secundaria.
Autonomía de contenidos y cambios en el calendario escolar
El proyecto introduce la “libertad de contenidos”: cada escuela podrá elaborar sus propios planes curriculares, complementados por los contenidos mínimos comunes (NAP), que no podrán ocupar más del 75% del tiempo total de clases.
También se modifica el calendario escolar, que deja de expresarse en días y pasa a medirse en horas: 540 anuales para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, por debajo de lo acordado en 2024 (760 y 900 horas). Desde ese piso, cada institución definirá su propio cronograma.
Religión, Malvinas y autonomía institucional
El artículo 33 habilita la enseñanza religiosa confesional optativa en las escuelas estatales. Además, incorpora como contenido obligatorio la causa de las Islas Malvinas.
El artículo 37 introduce una transformación significativa: otorga autonomía para la gestión interna, el diseño de planes, la administración de recursos y la definición de políticas de admisión y disciplina. En las escuelas estatales, este esquema se implementará de manera gradual.
En cuanto a la educación especial, el proyecto evita esa denominación y habla de “alumnos con necesidades específicas”, que incluye tanto a estudiantes con discapacidad como a quienes asisten a modalidades rurales, domiciliarias, hospitalarias o de altas capacidades.
Evaluaciones, financiamiento y carrera docente
Las evaluaciones Aprender se mantendrán, pero serán anuales y obligatorias para todo el último año de primaria y secundaria. Además, el Estado podrá publicar los resultados por escuela sin identificar a estudiantes o docentes, algo vetado por la normativa actual.
En financiamiento, se elimina la meta del 6% del PBI y se establece que Nación y provincias tendrán una “responsabilidad compartida”. Las escuelas públicas y privadas accederán en igualdad de condiciones a fondos estatales mediante subvenciones, ayudas directas a familias, vales educativos o créditos fiscales.
Cada jurisdicción deberá auditar periódicamente el gasto, y se creará un sistema federal para monitorear la inversión educativa.
En cuanto a la carrera docente, se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente —en reemplazo del INFoD—, y la estabilidad laboral dependerá del desempeño, la capacitación continua y evaluaciones periódicas cada cuatro años. Los directores asumirán liderazgo pedagógico y podrán proponer contrataciones y separaciones de docentes.
