En las últimas semanas, El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele vivieron días de euforia. A principios de julio, el presidente se declaró ganador en las elecciones internas para la candidatura presidencial de 2024, allanando así su camino hacia la reelección. En esas mismas fechas, con fuegos artificiales, el gobierno cerró unos juegos centroamericanos y del Caribe que, a pesar del bajo desempeño de la delegación local, dejaron una impresión positiva gracias a los remozados escenarios. Sin embargo, una vez concluidas las celebraciones, las fallas oscuras del mandato de Bukele volvieron a quedar al descubierto.
A finales del mes, el 21 de julio, el gobierno se encontró inmerso en una crisis que él mismo había provocado al suspender a 47 internos de medicina del principal hospital público del país. La razón del castigo: los suspendidos habían apoyado públicamente a tres profesionales que, en mayo, protestaron en sus redes sociales por la saturación de hospitales tras una tragedia durante un partido de fútbol que desató una estampida en el Estadio Cuscatlán, el más grande del país.
El Hospital Rosales, donde trabajaban los internos suspendidos, atiende a la mayoría de los salvadoreños de bajos recursos que requieren atención médica de nivel terciario o especializada. El hospital funciona en un viejo edificio cerca del centro de la capital, en condiciones de abandono, y enfrenta frecuentes problemas de escasez de medicamentos e insumos. Es casi una tradición en la política local que los candidatos y presidentes prometan mejorar el Rosales. Bukele, cuando era candidato a la presidencia y posteriormente como jefe del Ejecutivo, prometió varias veces convertir el lugar en un hospital de primer nivel. Sin embargo, eso no ha sucedido y las condiciones siguen siendo precarias.
El 20 de mayo pasado, durante un partido de la liga local, la negligencia de los directivos del Alianza Fútbol Club, uno de los clubes más populares del país, se combinó con un deficiente operativo policial de seguridad, lo que resultó en la muerte de 12 personas y dejó a unas 100 heridas en una estampida en la única puerta de las gradas populares que estaba abierta.
Esa noche, cuando los heridos comenzaron a llegar al Rosales, la interna Ángela Ferrer, la doctora Beatriz Monteagudo y otra colega expresaron en sus redes sociales su preocupación por las condiciones del hospital y del sistema público de salud. Inmediatamente, como suele ocurrir cuando alguien critica o discrepa con el gobierno, las doctoras recibieron decenas de respuestas ofensivas y amenazas de trolls cibernéticos, algunos identificados con el gobierno y el presidente. Luego, fueron suspendidas.
Dos meses después, el 20 de julio, 47 internos de medicina del Rosales pararon temporalmente sus labores e hicieron una protesta pacífica para solidarizarse con sus tres colegas. No había pasado ni un día desde esa protesta cuando el Ministerio de Salud anunció medidas administrativas contra los internos, como la suspensión de sus trabajos. La respuesta del gremio médico fue una con la que el gobierno no contaba.
El gobierno de Nayib Bukele arremetió contra 47 internistas de medicina del principal hospital del país porque apoyaron públicamente a tres colegas que denunciaron la saturación en los hospitales salvadoreños.
El 24 de julio, la junta directiva del Colegio Médico de El Salvador convocó una conferencia de prensa para exigir a las autoridades de salud que restituyeran a los afectados, que cesaran en sus agresiones al gremio médico y que respetaran el debido proceso. Esta respuesta no es común en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele, donde las denuncias y protestas públicas han ido disminuyendo en los últimos meses.
En 2021 y principios de 2022, Bukele enfrentó protestas que congregaron a miles de personas en las calles de San Salvador, incluidos médicos y enfermeras, quienes protestaban por violaciones a los derechos humanos, la política económica basada en la legalización del Bitcoin como moneda de curso legal y la persecución de voces críticas. A medida que las manifestaciones ganaron más apoyo, la policía de Bukele comenzó a bloquear las entradas a la capital cada vez que se convocaba a una protesta. Finalmente, la disidencia callejera languideció tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, decretado cuando un pacto de gobernabilidad entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18 se rompió.
La protesta de los médicos, en este contexto, es inusual. Tampoco lo ha sido la respuesta inmediata del gobierno: a diferencia de otras ocasiones similares, en las que el oficialismo respondía con ataques públicos, principalmente en redes sociales, esta vez la reacción ha sido más comedida y se ha abierto la posibilidad de un diálogo. En el pasado, el gremio médico convocó a masivas marchas que pusieron en jaque a más de un gobierno.
Un periodista encarcelado y torturado Dos semanas antes de la crisis en el Hospital Rosales, otro testimonio dejó al descubierto las fallas del gobierno de Nayib Bukele, se trata de un periodista arrestado y torturado en una cárcel del país.
El 10 de julio, un día después del cierre de los juegos centroamericanos, El Salvador conoció la historia de Víctor Barahona, un periodista comunitario que estuvo preso un año acusado de asociación ilícita por el gobierno de Bukele.
La Policía Nacional Civil detuvo a Barahona en su casa en Valle del Sol, Apopa, un suburbio de clase trabajadora en el norte de San Salvador, el 7 de junio de 2022. Los policías, quienes según reportes de Infobae cumplen cuotas diarias de capturas desde que el gobierno de Bukele decretó en marzo del año pasado un régimen de excepción que limita los derechos de defensa y el debido proceso, llegaron a la casa del periodista aquel día, descubrieron un tatuaje artístico de una rosa en su cuerpo y se lo llevaron sin darle muchas explicaciones.
Tras ser liberado, Barahona relató en una conferencia de prensa auspiciada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) las torturas a las que fue sometido en el Penal de Izalco, una de las cárceles en las que, según denuncias de organismos de derechos humanos, el Estado salvadoreño ha matado o dejado morir a reos detenidos durante el régimen de excepción. Los agentes, según el testimonio del periodista, lo dejaron agonizar durante tres días después de que su hipertensión arterial, de la que sufre, empeoró en la prisión y, cuando intentaba protestar, él y otros reclusos fueron obligados a arrodillarse durante horas.
La APES ha denunciado que hasta una veintena de periodistas salvadoreños han tenido que abandonar el país después de haber sido acosados o amenazados por el gobierno de Bukele a través del Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR), que están bajo el control del presidente. El caso de Barahona es el primer incidente conocido de un periodista que ha estado en prisión y ha sido torturado en las cárceles de El Salvador durante el mandato de Nayib Bukele.
El gobierno de Bukele intentó, sin éxito, minimizar las acusaciones de Barahona. El 14 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, DC, escuchó las respuestas del Estado salvadoreño a las denuncias de violaciones atribuidas al gobierno de Bukele. Uno tras otro, los funcionarios del gobierno negaron que en El Salvador existieran denuncias de periodistas amenazados, torturados o muertos debido a la violencia o negligencia del Estado en las cárceles.
Rodolfo Delgado, el fiscal general de Bukele, afirmó que su oficina no tenía denuncias sobre amenazas a periodistas y repitió algo que ya había dicho sobre las muertes en las cárceles, que la fiscalía no había abierto expedientes criminales porque todas las muertes fueron por “causas naturales”. Delgado omitió mencionar, por ejemplo, que decenas de periodistas han hecho denuncias públicas, incluso ante autoridades estadounidenses, de que han sido espiados con software instalado en sus teléfonos, presuntamente por el gobierno. Tampoco mencionó Delgado que la APES ha recibido decenas de denuncias de acoso a periodistas atribuidos a la policía, al propio presidente y a otros funcionarios, y que la fiscalía puede investigar todo esto sin que medie una denuncia formal, es decir, de oficio.
Andrés Guzmán, otro de los voceros del gobierno ante la CIDH, es un colombiano que Bukele nombró comisionado presidencial para los derechos humanos en mayo pasado. Guzmán dijo lo mismo que Delgado, que no tenía conocimiento de denuncias de periodistas amenazados. Sin embargo, el comisionado no mencionó que tan solo unos días antes de su intervención, Víctor Barahona había hecho públicas sus denuncias de arresto arbitrario, torturas y violación del debido proceso. Andrés Guzmán, el comisionado, es un especialista en ciberseguridad vinculado a la extrema derecha de su país y señalado por supuesto espionaje digital.
Incluso la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, quien rara vez hace declaraciones públicas sobre cualquier tema, fue a su cuenta de Twitter a publicar fotos de los comisionados de la CIDH que escucharon a los funcionarios salvadoreños y les reclamó por parecer distraídos durante sus intervenciones. En abril de 2023, la CIDH emitió un llamado formal a El Salvador para restablecer los derechos de sus ciudadanos restringidos por el régimen de excepción. En ese momento, la canciller Hill simplemente guardó silencio.
Ante la denuncia de Barahona, el gobierno de Bukele respondió con severidad. El 27 de julio, la fiscalía de Bukele solicitó a un tribunal especializado ordenar la recaptura del periodista argumentando que “las circunstancias” en las que se basó la decisión de otorgarle medidas sustitutivas de prisión habían cambiado. El tribunal mantuvo a Barahona en libertad, pero decretó el secreto de sumario, lo que impide que él vuelva a hablar en público sobre su caso. La APES consideró que la acción de la fiscalía no es más que una forma de silenciar al comunicador.
Todo esto ocurre mientras El Salvador permanece bajo el régimen de excepción y el gobierno de Nayib Bukele consolida, a través de reformas legales rápidas aprobadas sin discusión por sus diputados en el Congreso, medidas para fortalecer el estado policial.
En julio, a petición del ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, el Congreso extendió por décima sexta vez el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Las cifras de este régimen son controversiales. El gobierno afirma que, gracias a esta medida extraordinaria, los homicidios han disminuido casi a cero, lo cual ha sido cuestionado por analistas e instancias internacionales con las mismas cifras gubernamentales. Cerca de 70,000 personas han sido arrestadas, de las cuales no menos de 30,000 son inocentes según cálculos de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Al menos 152 personas han muerto de forma violenta o por negligencia mientras estaban bajo custodia del Estado.
Con la última solicitud de prórroga al régimen de excepción, el gobierno de Bukele impulsó otra reforma que permite juicios sumarios de hasta 500 personas juntas, lo que impide, según abogados consultados, la individualización de delitos y las garantías de debido proceso.
Ya en mayo de 2022, cuando el régimen de excepción apenas comenzaba, la abogada Zaira Navas, de la organización Cristosal, advirtió que las detenciones masivas, logradas a través de una política de cuotas diarias de detenciones, derivarían en estos juicios masivos sumarios. Hoy, el gobierno de Nayib Bukele ha formalizado esta práctica.
El presidente salvadoreño, con el camino a su reelección despejado, parece navegar con bastante tranquilidad a pesar de todas las denuncias en su contra. En su cuenta de Twitter, su principal herramienta de comunicación política, Bukele despliega frases desafiantes en su línea de biografía, actualmente es “Philosopher King”, rey filósofo en inglés, además, comparte encuestas que le otorgan una aprobación del 90% y discute con sus críticos, usando emoticonos y casi siempre en inglés.
