El Gobierno inició el proceso de apelación ante la Justicia de Estados Unidos para revertir el fallo adverso en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que lo obliga a pagar USD 390 millones. La estrategia legal se desarrolla en la Corte del Distrito de Columbia, donde el país busca frenar el embargo de activos a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente posee los derechos del litigio.
El conflicto judicial tiene su origen en la decisión del gobierno kirchnerista de expropiar Aerolíneas Argentinas en 2008, cuando la empresa se encontraba en manos del grupo español Marsans. En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó que Argentina debía pagar USD 320 millones a Marsans por la nacionalización forzosa. Sin embargo, los derechos del litigio fueron vendidos posteriormente a Burford Capital, el mismo fondo que llevó adelante la demanda contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012, y luego traspasados a Titan Consortium en 2021.
La defensa argentina argumentará que el fallo del CIADI no puede ser ejecutado debido a que el caso ya habría prescripto después de seis años. Además, podría cuestionar la legitimidad de Titan Consortium como beneficiario del juicio, ya que no fue la parte directamente afectada por la expropiación. Según el especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la estrategia del Gobierno de Javier Milei buscará evitar el pago de la sentencia y frenar un eventual embargo de activos soberanos.
Cabe destacar que la gestión de Marsans en Aerolíneas Argentinas fue altamente cuestionada. Antes de la estatización, la empresa fue vaciada, sus aviones más modernos fueron transferidos a Iberia y la aerolínea recibió aeronaves más antiguas y deterioradas. Además, Marsans vendió activos estratégicos, incluyendo oficinas en ciudades clave como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, así como simuladores de vuelo fundamentales para la capacitación del personal. Estas acciones impactaron negativamente en la competitividad y capacidad operativa de la aerolínea.
En el momento de la compra, en 2001, Marsans adquirió Aerolíneas Argentinas y Austral por un precio simbólico de un dólar a un organismo estatal español. Sin embargo, debido a la crítica situación financiera, el Tesoro español debió aportar USD 750 millones para garantizar su funcionamiento. A pesar de estos antecedentes, la expropiación impulsada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y la expresidente Cristina Fernández de Kirchner no cumplió con los procedimientos legales adecuados, lo que derivó en una millonaria condena contra el país.
El caso de Aerolíneas Argentinas no es el único litigio que enfrenta Argentina. El país también perdió el juicio por la expropiación de YPF y debe abonar USD 17.200 millones, incluyendo intereses y honorarios legales. La jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que Argentina entregue el 28 de febrero información detallada sobre sus reservas de oro como parte del proceso de ejecución de la sentencia. Este juicio también tiene su origen en la decisión del kirchnerismo de expropiar la petrolera sin respetar las condiciones del contrato con los accionistas.
El Gobierno de Milei enfrenta un complejo panorama financiero debido a estas condenas internacionales heredadas de gestiones anteriores. Mientras avanza la apelación en la Corte del Distrito de Columbia, la administración libertaria busca evitar nuevas pérdidas económicas derivadas de decisiones arbitrarias y mal ejecutadas de los gobiernos kirchneristas. El resultado de este proceso legal será clave para la estabilidad financiera del país y para definir la responsabilidad de quienes impulsaron expropiaciones sin prever sus consecuencias legales y económicas.
