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La Ley Ómnibus que está en el Congreso ha generado una puja enorme de sectores. Así encontramos a los sindicatos cegetistas ultimando el paro del 24, a industriales impulsando reformas laborales, hay aumentos de tarifas e impuestos en danza, incluso temas culturales que defienden a diario actores o cineastas. En ese gigantesco entramado de tensiones políiticas, el sector del tabaco también juega su partido, porque el proyecto enviado por Federico Sturzenegger incluye varios artículos que modifican el aspecto impositivo de los cigarrillos, donde el Estado se lleva la mayor parte del precio final.
Los artículos de esa ley ómnibus incrementan alícuotas, eliminan el llamado ‘impuesto mínimo’ por envase que había impuesto la gestión de Mauricio Macri en 2017, pero deja al Poder Ejecutivo sin la potestad de aumentar o disminuir el monto de impuesto de manera puntual, al tiempo que reabre el negocio de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, que habían sido prohibidos en 2011, aplicándoles un impuesto de solo el 20%, un gravamen que a juicio de la nacional Tabacalera Sarandí se fija “a la medida de lo que piden las grandes tabacaleras multinacionales”.
Tabacalera Sarandí llevó el tema a la Justicia, acusa al gobierno nacional de favorecer a Massalin y el tema quedó en el Juzgado de Ariel Lijo, que habilitó la feria para tratarlo y pidió a Diputados la remisión en copia de la totalidad del articulado y de las partes pertinentes del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” relacionadas con el rubro tabacalero. También solicitó información sobre la Comisiones parlamentarias que intervienen en el tema.
Desde Tacabalera Sarandí apuntan a un exvicepresidente de Massalin, Javier Ortíz Batalla, que trabajó con Sturzenegger cuando este estuvo en el Banco Ciudad, como quien se habría encargado de “confeccionar que benefician justamente a Massalin y las multinacionales”, pero es un dato que no pudimos corroborar.
“Nosotros hemos mantenido por muchos años un juicio con AFIP por la no aplicación del impuesto mínimo, la llamada Ley Massalin de 2017, por eso es obvio que apoyamos que se derogue (como hace la ley ómnibus), pero lo que no apoyamos es la creación de una burocracia para cuidarle el mercado a Massalin, mediante una suerte de ‘Gestapo’ en el Ministerio de Salud, un área que está para otra cosa”, señaló Pablo Otero, presidente de Tabacalera Sarandí.
Se indicó que Lijo “está analizando de otras ocho medidas de prueba requeridas por Tabacalera Sarandi, que resultan de utilidad para poner en evidencia este presunto nuevo intento de Massalin Particulares (Philip Morris S.A.) tendiente a eliminar las industrias y comercializadoras nacionales de tabaco, garantizándose para sí una posición comercial monopólica”, y aseguró que incluirán en su denuncia “a todos los funcionarios del PEN que han trabajado para esta nueva Ley Massalin”.
Otero agregó que “hay quienes tratan de socavar nuestra imagen en los medios por pedido de otras empresas y no están viendo que derogar el impuesto mínimo Massalin es mejor para todos, pero en vez de comunicarse con nosotros o con la Cámara UNTAPYA, para hacer un pedido en conjunto al Congreso, prefieren jugar desde las sombras”, destacando que “periodistas ensobrados presionan o acusan a legisladores, lo que ensucia el funcionamiento parlamentario, incluso contra los propios intereses de las multinacionales a quienes quieren favorecer”.
La ley ómnibus eleva la alícuota del impuesto internos a los cigarrillos del 70% al 73%, eliminando el “impuesto mínimo” establecido en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que había sido objeto de otro duro enfrentamiento entre las tabacaleras extranjeras de la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT) y las tradicionales nacionales (UNTAPYA).
Tabacaleras y vendedores de cigarrillos electrónicos bajo alerta ante la Ley Ómnibus de Milei
Todas las empresas cuestionaron el pago del “impuesto mínimo” en la justicia, inclusive Massalin que fue la empresa que lo impulsó. Al respecto Otero rechazó que su empresa deba dinero al fisco: “Eso no es cierto, la aplicación de la Ley Massalin generó una gran pérdida en recaudación, que no fué pagada por los consumidores de las marcas baratas, y por ende por el resto de la cadena comercial e industrial al pagarse impuestos ad valorem, como esperamos suceda desde una nueva ley para todos”.
Cigarrillos electrónicos bajo la lupa ante la Ley Ómnibus de Milei
En cuanto a los vapeadores, la ley ómnibus señala que “el expendio de dispositivos administradores de nicotina con tabaco debidamente autorizados para su comercialización, pagarán el veinticinco por ciento (25%) sobre la base imponible respectiva”, lo cual se considera un guiño a las multinacionales, que impulsan ese negocio a nivel global y que, con una carga impositiva mínima como la que se les fija, podrían convertirlo en uno de sus proyectos de marketing principales. Los vapeadores, vale recalcarlo, han sido cuestionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja enfáticamente su uso, que en la Argentina fue prohibido por la ANMAT en una resolución que fue ratificada en el año 2017.
Básicamente, los cigarrillos electrónicos funcionan con baterías que al activarse aportan la energía necesaria para producir un aerosol o vapor lleno de nicotina sin que medie la combustión de tabaco, pero contiene además de nicotina sustancias como propilenglicol, glicerina, saborizantes y aditivos varios, permitiendo además que lo adopten incluso menores, al considerarlo “una moda cool”, muy peligrosa para la salud sobre todo de los muy jóvenes.
Al cierre de esta nota ni Federico Sturzenegger ni Massalin contestaron las consultas de Perfil.
HB
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