El gobierno de Javier Milei transita uno de los más emblemáticos frentes judiciales internacionales con el juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF, la petrolera de bandera que Cristina Kirchner renacionalizó en 2012.
El país ya fue condenado por la jueza Loretta Preska a pagar unos USD 16.000 millones por haber realizado mal ese proceso de expropiación. La jueza, a cargo de un tribunal del sur de Manhattan que atiende los litigios de compañías que cotizan en Wall Street, donde YPF está listada hace 30 años, falló en septiembre pasado a favor del demandante, Burford Capitals. Se trata de un bufete inglés especializado en este tipo de litigios extensos, contra países y que suelen requerir muchos recursos e inversiones para llevarlos adelantes, que le compró los derechos de litigio a dos accionistas minoritarios de YPF.
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La Nación fue a la Corte de Apelaciones de EEUU por el fallo condenatorio en primera instancia, la causa sigue su curso y Preska le exigió avales al país si quiere evitar que empiece a autorizar pedidos de embargos contra activos argentinos en el exterior.
En ese marco, el 10 de enero la justicia norteamericana podría autorizar los embargos. Claro que contar con avales por semejante monto es casi imposible en esta Argentina, cruzada por una fuerte crisis económica y una falta extrema de dólares.
Además, esos avales, de existir, tendría que ser aprobados por el Congreso, algo que parece bastante poco probable con esa composición de cámara y en medio de las discusiones por el DNU con el que Milei pretende desregular la economía y de la Ley Ómnibus.
Los abogados del país –un equipo del estudio Sullivan & Cromwell que ahora deben reportarle en última instancia a Rodolfo Barra, el nuevo procurador del Tesoro pidieron que no se reconociera el 10 de enero como fecha límite para presentar garantías. Mañana Preska deberá confirmar su orden sobre la fecha, o acceder al pedido argentino y postergar los pedidos de embargo hasta que “los demandantes hayan identificado activos para embargar”.
La presentación establece que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”. Según Reuters, Argentina calificó la intención declarada de Burford de iniciar incautaciones de activos desde el miércoles como “innecesaria y prematura”, dado que la sentencia tiene menos de cuatro meses y está siendo apelada. Y argumentó que muchos otros tribunales consideraron esperas razonables de 10 a 15 meses en casos comparables. También dijo que los principios de cortesía internacional y las “circunstancias extraordinarias y únicas” de su caso no justificaban el apuro. Argentina dijo que 16.100 millones de dólares representan el 32% de su presupuesto fiscal para 2023.
