La votación de una reforma clave al régimen penitenciario volvió a generar debate público tras conocerse nuevamente el detalle de cómo se pronunciaron los diputados nacionales en noviembre de 2016. En aquella sesión, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley 24.660 destinada a restringir beneficios como la libertad condicional y las salidas anticipadas para condenados por delitos graves, entre ellos los delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría, aunque un grupo de legisladores decidió votar en contra. Entre los votos negativos se encontraban representantes del entonces Frente para la Victoria, sectores de la izquierda, el socialismo, Libres del Sur y otras fuerzas políticas.
La reforma buscaba endurecer las condiciones de acceso a beneficios penitenciarios para autores de delitos considerados especialmente graves por su impacto sobre las víctimas y la sociedad. Sus defensores sostenían que era necesario garantizar que los condenados por violaciones y otros delitos sexuales cumplieran efectivamente una mayor parte de sus penas antes de acceder a regímenes de libertad.
Entre los diputados que rechazaron la iniciativa figuraban nombres que posteriormente adquirieron mayor relevancia política, como Myriam Bregman, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Juliana Di Tullio, Mayra Mendoza, Luana Volnovich, Victoria Donda, Margarita Stolbizer y Néstor Pitrola, entre otros.
El sentido de aquellos votos volvió a ser objeto de discusión en los últimos días, especialmente en el marco de debates sobre seguridad, reincidencia y protección de las víctimas. Distintos sectores cuestionan que dirigentes que actualmente se presentan como defensores de los derechos de las mujeres hayan rechazado en su momento una norma orientada a limitar beneficios para condenados por delitos sexuales.
Según consta en los registros oficiales de la Cámara de Diputados, un total de 69 legisladores se pronunciaron en contra de la reforma. Además, el entonces diputado José Luis Gioja, que inicialmente figuraba como ausente, manifestó posteriormente su voto negativo durante la sesión.
La discusión sobre aquella votación refleja un debate que continúa vigente en la Argentina: el equilibrio entre las garantías del sistema penal y la necesidad de establecer sanciones más estrictas para quienes cometen delitos sexuales. Mientras algunos sectores defendieron el rechazo argumentando objeciones jurídicas al endurecimiento de las penas, otros sostuvieron que la reforma representaba una herramienta necesaria para fortalecer la protección de las víctimas y evitar beneficios prematuros para delincuentes condenados por hechos de extrema gravedad.
