Juicio por YPF y respaldo internacional. En el marco del litigio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que fija su posición y cuestiona el pedido de sanciones contra la Argentina. El documento sostiene que la solicitud de los demandantes no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni a la ley estadounidense que regula los litigios contra Estados extranjeros.
El United States Department of Justice intervino formalmente ante el tribunal para respaldar al Estado argentino frente a la acusación de desacato y el pedido de sanciones impulsado en el proceso judicial por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
En su presentación, el organismo norteamericano advirtió que el litigio contra Estados soberanos en tribunales de Estados Unidos puede tener implicancias en materia de política exterior y afectar el trato recíproco que reciba el propio gobierno estadounidense ante cortes extranjeras. De esta manera, puso el foco no solo en el caso puntual, sino en el impacto institucional que podría derivarse de una eventual sanción contra un país.
El escrito también aborda el proceso de producción de pruebas (discovery) y remarca los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos judiciales, incluso cuando estos involucraban comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales. Según el Departamento de Justicia, ese tipo de exigencias puede entrar en tensión con los principios de cortesía y reciprocidad que rigen en litigios contra Estados soberanos.
En ese sentido, el documento es categórico al afirmar que la moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones económicas por desacato “no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA” —la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos— y, por lo tanto, debe ser rechazada.
Asimismo, el organismo destacó la conducta procesal del Estado argentino. Señaló que durante más de dos años la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery y priorizó el respeto a las órdenes judiciales. En ese período, se realizaron entregas periódicas de documentación que superaron las 115.000 páginas.
El Departamento de Justicia también subrayó que, pese al amplio acceso a información brindado, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.
El respaldo del gobierno estadounidense introduce un elemento de peso en el expediente que se tramita en Nueva York y abre un nuevo capítulo en el prolongado conflicto judicial por la expropiación de YPF, un caso que trasciende lo económico y se proyecta sobre el terreno de la diplomacia y las relaciones entre Estados.
