El Gobierno nacional resolvió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso e incorporar el tratamiento de una ley penal juvenil. La decisión fue tomada este lunes durante una reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por los principales referentes del oficialismo y bajo la supervisión de Karina Milei.
El encuentro, que se extendió por más de dos horas, marcó el fin de la calma política que había predominado en los primeros días de enero. Con asistencia completa, los funcionarios designados por el presidente Javier Milei repasaron la estrategia parlamentaria para el período de sesiones extraordinarias y acordaron sumar al debate una ley sensible, que propone modificar el régimen de responsabilidad penal juvenil y reducir a 14 años la edad de imputabilidad.
La incorporación del proyecto no implica la creación de una normativa nueva desde cero, sino la reactivación y actualización de una ley ya existente, cuyo texto había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo trabajó sobre ese articulado, introduciendo ajustes técnicos y políticos con el objetivo de facilitar su tratamiento legislativo en el corto plazo.
El inicio formal de la actividad parlamentaria está previsto para el lunes 2 de febrero. Allí, el oficialismo buscará avanzar principalmente con la Reforma Laboral, uno de los ejes centrales del programa de gobierno, aunque ahora el temario se amplía con esta ley penal juvenil, además de otros proyectos ya anunciados como la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y algunas designaciones diplomáticas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la decisión a través de sus redes sociales, donde señaló que la ley formará parte del listado de iniciativas a debatir durante el período extraordinario. En el mismo sentido, funcionarios que participaron de la reunión adelantaron que el temario podría volver a ampliarse si avanzan las negociaciones políticas en los próximos días.
El proyecto fue originalmente elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia, con la intervención de la Secretaría de Justicia y áreas técnicas vinculadas a la política criminal. Si bien el debate sobre la edad de imputabilidad no es nuevo en la Argentina, en las últimas semanas volvió a ganar relevancia pública tras el impacto de casos judiciales protagonizados por menores, lo que reactivó la discusión dentro del oficialismo.
En paralelo, el Gobierno resolvió postergar para marzo el tratamiento integral de la reforma del Código Penal, una ley de mayor alcance que requerirá un debate más extenso. La estrategia oficial apunta a concentrar esfuerzos legislativos en febrero, priorizando los proyectos considerados urgentes para la gestión.
Durante la reunión también se analizaron variables externas que podrían influir en la agenda parlamentaria, como el estado del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los movimientos recientes del Parlamento Europeo. Por ahora, la decisión es mantener ese debate dentro del cronograma previsto, aunque todavía no fue enviado formalmente al Congreso.
La mesa política estuvo integrada por el jefe de Gabinete, ministros clave, autoridades del Congreso y asesores presidenciales. La presencia de Karina Milei volvió a marcar su rol central en la coordinación política del oficialismo, en un contexto donde cada ley que llegue al recinto será parte de una negociación fina con una oposición fragmentada.
Con esta definición, el Gobierno busca acelerar su hoja de ruta legislativa y reabrir discusiones de fondo que habían quedado postergadas, apostando a que el período de extraordinarias sea una instancia decisiva para ordenar prioridades y mostrar iniciativa política en el arranque del año parlamentario.
