Una pareja de ciudadanos bolivianos difundió recientemente un video en el que afirmaron que, en las provincias de Salta y Jujuy, los hospitales no los atienden, citando especialmente que la mujer, embarazada de 40 semanas, no habría recibido atención. El caso generó debate mediático, pero la normativa vigente en materia sanitaria y migratoria en Argentina provee un marco legal claro sobre quiénes pueden acceder al sistema de salud pública y en qué condiciones.
La atención médica no fue negada por la nacionalidad de la pareja, sino por su situación migratoria irregular, ya que en los sistemas sanitarios de Salta y Jujuy los extranjeros que ingresan legalmente al país y cuentan con residencia —o que atraviesan una urgencia médica comprobable— reciben atención sin restricciones. En este caso, al no tratarse de una emergencia ni de un accidente ocurrido en territorio argentino, y ante la falta de acreditación de un ingreso regular o residencia habilitante, los hospitales actuaron conforme al marco legal provincial. De haberse tratado de una situación migratoria regular, la atención no habría sido rechazada.
Acceso a la salud pública para extranjeros según la normativa vigente
A nivel nacional, la Ley Nacional de Migraciones (Ley 25.871) establece que los extranjeros residentes permanentes pueden acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Además, en casos de emergencia no podrá negarse ni restringirse la atención sanitaria a ningún extranjero, independientemente de su situación migratoria.
Fuera de esos supuestos, la atención sanitaria en establecimientos bajo la órbita del Estado Nacional generalmente requiere la presentación de seguro médico válido o el pago previo del servicio para quienes no cuentan con residencia permanente o cobertura.
Normativa provincial en Salta y Jujuy
En la provincia de Salta, la Ley 8421 regula el acceso a la atención sanitaria para extranjeros en el sistema de salud pública provincial. Según esa norma, los extranjeros que ostenten residencia permanente o temporaria acceden en igualdad de condiciones que los nacionales, mientras que los residentes transitorios o precarios deben cumplir otros requisitos o contribuir económicamente a la atención recibida.
Del mismo modo, en Jujuy la Ley Provincial 6415 (reglamentación de la Ley 6116) establece un sistema para cobrar aranceles a extranjeros en hospitales públicos que no posean residencia permanente o temporaria en el país, aunque la atención en casos de emergencia que impliquen riesgo de vida está garantizada sin pago previo.
Estas regulaciones surgen del contexto de que muchas personas de países limítrofes, especialmente Bolivia, solían acudir a centros de salud públicos en provincias fronterizas para consultas o tratamientos programados que no implican urgencia sanitaria, generando una presión considerable sobre la capacidad hospitalaria provincial.
El caso de la pareja boliviana y la atención médica
En el caso difundido, la mujer está cursando un embarazo de 40 semanas, lo cual no constituye per se una situación de urgencia médica o un accidente traumático ocurrido en Argentina que habilite atención inmediata sin requisitos adicionales según la normativa vigente. Si los extranjeros no cuentan con residencia permanente o temporaria legal, y su ingreso al país fue irregular, la legislación actual prevé que se debe garantizar atención urgente, pero la atención médica habitual o programada en hospitales públicos está regulada y puede requerir seguro o pago previo, o residir legalmente para acceder sin cargo.
En provincias como Salta y Jujuy, que cuentan con normativa específica, estas reglas sobre la atención a extranjeros no residentes están claramente establecidas para proteger la sostenibilidad del sistema de salud pública local y priorizar la atención de los residentes de esas jurisdicciones.
El caso reabre además el debate en Tucumán, una provincia que actualmente no cuenta con una legislación específica que regule el acceso de extranjeros al sistema de salud pública, a diferencia de Salta y Jujuy.
La ausencia de un marco normativo claro podría convertirla en un destino alternativo para personas que, tras no cumplir con los requisitos legales en otras jurisdicciones, busquen utilizar el sistema sanitario tucumano sin haber realizado el procedimiento migratorio correspondiente ni contribuir a su financiamiento. En ese contexto, distintos sectores advierten sobre la necesidad de legislar para proteger la sostenibilidad del sistema de salud pública, que es sostenido por los impuestos de los argentinos y debe priorizar a quienes cumplen con las obligaciones legales y fiscales en el país.
