El secretario de Energía de la Provincia de Tucumán, Martín Viola, fue citado a declarar en calidad de imputado en una causa federal que lo investiga por el presunto uso ilegítimo del Documento Nacional de Identidad de un tercero para realizar publicaciones injuriantes contra un funcionario municipal a través de un medio digital.
La investigación está a cargo del fiscal federal Agustín Chit y se originó a partir de una denuncia presentada en agosto de este año por la apoderada legal de Julián Echazu Toneatti, quien advirtió que su identidad había sido utilizada sin autorización para crear una cuenta digital paga desde la cual se realizaron comentarios ofensivos. El juez federal Guillermo Díaz Martínez fijó la audiencia de declaración indagatoria para el 3 de marzo de 2026.
Según consta en el requerimiento fiscal, Echazu Toneatti había extraviado su DNI a comienzos de junio de 2025 en la cochera del edificio donde reside, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Días después, tomó conocimiento de que su nombre y número de documento figuraban asociados a comentarios publicados en el diario La Gaceta, dirigidos contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis.
El denunciante negó haber creado una cuenta digital o efectuado dichas publicaciones. La situación quedó al descubierto cuando el propio Sangenis lo contactó por WhatsApp para consultarle por los comentarios, lo que motivó la intervención judicial.
Los informes técnicos incorporados a la causa permitieron establecer que la cuenta digital fue creada el 2 de junio de 2025 desde una dirección IP determinada y que, minutos después, los datos fueron modificados para quedar registrados con el nombre y DNI del denunciante. La suscripción correspondía a un plan pago y fue abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular resultó ser Martín Sebastián Viola, elemento que la Fiscalía consideró central para vincular al funcionario con la maniobra investigada.
Además, se acreditó que la cuenta permaneció activa hasta el 23 de junio, cuando fue bloqueada para realizar nuevos comentarios tras detectarse el uso irregular de una identidad ajena. Las capturas de pantalla de las publicaciones y los registros de la suscripción fueron incorporados como prueba.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal también solicitó informes al RENAPER, al Registro Nacional de Reincidencia y a bases de datos crediticias. De esas consultas surgió que Viola tenía domicilio en el mismo edificio donde reside el denunciante, circunstancia que fue considerada relevante para explicar el acceso al DNI extraviado.
Si bien no fue posible identificar al usuario específico de la dirección IP utilizada —debido a que el sistema emplea direcciones dinámicas—, la Fiscalía sostuvo que el conjunto de indicios reunidos resulta suficiente para sostener la imputación en esta etapa del proceso.
El fiscal Chit encuadró la conducta atribuida a Viola en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad, previsto en el artículo 33 inciso d de la Ley 20.974, al considerar que el DNI fue utilizado con efectos jurídicos al crear una cuenta digital paga y realizar publicaciones bajo una identidad ajena. En su dictamen, afirmó que el imputado habría actuado con dolo directo y sin consentimiento del titular del documento.
Con base en estos elementos, el juez federal Díaz Martínez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y citó a Viola a prestar declaración indagatoria, instancia en la que el actual funcionario provincial deberá responder formalmente ante la Justicia Federal por los hechos que se le imputan.
