El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) quedó bajo la lupa luego de que se iniciara una investigación judicial y administrativa contra un empleado del organismo, acusado de ofrecer viviendas sociales a familias a través de gestiones irregulares.
La denuncia fue presentada por personas que aseguraron haber sido contactadas por un trabajador del instituto de la vivienda, quien les habría prometido facilitar el acceso a una vivienda, una práctica que está completamente fuera de los procedimientos oficiales. Ante esta situación, las autoridades del IPVyDU activaron los mecanismos internos correspondientes y dieron intervención a la Justicia.
El interventor del organismo, Hugo Cabral, confirmó que además de la causa penal se abrió un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones disciplinarias. Según explicó, la investigación interna corre en paralelo a la judicial y busca establecer si existieron irregularidades en el accionar del empleado denunciado.
Desde el instituto de la vivienda remarcaron que todos los trámites para acceder a una vivienda son gratuitos y que no existen intermediarios ni gestores autorizados. En ese sentido, advirtieron que cualquier persona que solicite dinero o prometa adjudicaciones rápidas incurre en una maniobra irregular o directamente en una estafa.
La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal, mientras que el IPVyDU notificó también al Tribunal de Cuentas, que seguirá de cerca el desarrollo del sumario y las actuaciones administrativas.
De acuerdo a lo informado, el procedimiento interno tendrá un plazo determinado para la recolección de pruebas y la elaboración de un informe final, que luego será evaluado por las autoridades correspondientes para definir eventuales sanciones.
Desde el organismo insistieron en la importancia de que los ciudadanos realicen todos los trámites únicamente por los canales oficiales, ya sea en la sede del instituto o a través de sus plataformas habilitadas, y pidieron denunciar cualquier intento de cobro o promesa irregular vinculada al acceso a viviendas sociales.
El caso generó preocupación dentro del organismo, que en los últimos años ha reforzado campañas de concientización para prevenir fraudes y proteger a las familias que buscan acceder a una vivienda, una de las políticas públicas más sensibles del Estado provincial.
Mientras avanza la investigación, el empleado denunciado permanece bajo análisis administrativo, y no se brindaron mayores detalles hasta que se definan las responsabilidades correspondientes.
