El Gobierno argentino lanzó un fuerte pronunciamiento al calificar como “ilegal” la autorización extranjera para avanzar en la explotación petrolera en las Islas Malvinas, advirtiendo que se violan normas internacionales y que se iniciarán acciones para frenar cualquier operación unilateral en el archipiélago.
El Gobierno argentino declaró este jueves su más enérgico rechazo a la autorización ilegal otorgada por las autoridades del archipiélago de las Islas Malvinas para avanzar con la explotación de un yacimiento petrolero offshore, una zona cuya soberanía reclama la Argentina desde hace décadas.
La decisión surge tras el anuncio de las compañías Rockhopper Exploration Plc (Reino Unido) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (Israel), que avanzan con la denominada Decisión Final de Inversión para desarrollar el yacimiento conocido como Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y que podría producir más de 50.000 barriles diarios a partir de 2028.
Según el comunicado oficial de la Cancillería, cualquier iniciativa unilateral de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a disputa de soberanía contradice normas del derecho internacional, incluyendo la Resolución 2065 (XX) y otras de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhortan a ambas partes a reanudar negociaciones para una solución pacífica. El Gobierno recordó que actividades de este tipo también vulneran la legislación interna argentina, que prohíbe operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental sin permiso estatal, por lo que considera ilegal cualquier avance que no cuente con esa autorización.
La polémica inversión en Sea Lion contempla inversiones multimillonarias y la extracción estimada de hasta 55.000 barriles diarios, con planes de iniciar la producción en 2028 tras la aprobación de licencias por parte de las autoridades locales del archipiélago. Estas licencias son consideradas por la Argentina como emanadas de una autoridad ilegítima y, por lo tanto, ilegal desde el punto de vista jurídico argentino, dado que las Islas Malvinas están bajo administración británica pese a la reclamación histórica argentina.
El rechazo oficial incluyó una advertencia legal: quienes participen o faciliten actividades de exploración y explotación sin autorización argentina podrían enfrentar sanciones administrativas, legales y judiciales tanto en jurisdicción nacional como internacional, además de posibles restricciones operativas e inhabilitaciones. El Gobierno insistió en que todo intento ilegal de avanzar con la extracción será impugnado mediante los mecanismos correspondientes.
El comunicado también recordó antecedentes de sanciones: Navitas Petroleum fue declarada ilegal y “clandestina” por la Secretaría de Energía en 2022, con una inhabilitación de 20 años por operar sin permisos en la plataforma continental argentina, lo que ya motivó reclamos oficiales tanto al Reino Unido como a Israel.
La posición del Gobierno generó cruces con sectores provinciales, especialmente en Tierra del Fuego, que cuestionaron la lentitud de la reacción oficial y exigieron la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Malvinas para coordinar acciones diplomáticas y jurídicas más firmes ante lo que califican como un “acto unilateral” que afecta recursos que pertenecen a todos los argentinos.
La disputa por el control de los recursos hidrocarburíferos en el área de las Malvinas vuelve a poner en tensión las relaciones internacionales entre Argentina, el Reino Unido e inversores extranjeros, y reaviva el debate sobre la soberanía en un punto geopolítico estratégico y altamente sensible, donde la Argentina insiste en que cualquier operación unilateral constituye un accionar ilegal.
