El fallecimiento de Graciela Margarita Pariente, una interna de 44 años, generó denuncias por presunta falta de atención médica y un contrapunto con el Servicio Penitenciario, mientras la Justicia avanza con peritajes y declaraciones.
La Justicia provincial investiga el fallecimiento de Graciela Margarita Pariente, de 44 años, quien murió en la madrugada del viernes tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras estaba alojada en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo. La interna, condenada en 2023 por la muerte de un bebé de 10 meses bajo su cuidado, había manifestado problemas de salud y, según sus compañeras, no habría recibido atención médica oportuna. El Servicio Penitenciario rechaza esa versión y asegura que fue asistida días antes de su muerte.
Pariente cumplía una pena de seis años y seis meses por abandono de persona agravado, dictada en septiembre de 2023 tras un juicio abreviado. Según la causa, el 9 de junio de ese año encontró sin signos vitales al bebé que estaba bañando, luego de haberse ausentado un instante. El niño estuvo internado dos meses antes de fallecer.
Durante más de un año, la mujer permaneció detenida en la comisaría 1° por falta de cupos en cárceles provinciales. En diciembre de 2024 fue trasladada a Delfín Gallo. Allegados relataron que padecía diabetes, hipertensión y problemas de tiroides, y que requería medicación diaria. Señalaron además que durante su estadía en el penal se deterioró física y emocionalmente.
Según I.H., una allegada que creció con Pariente, la interna venía reclamando estudios médicos y controles, pedidos también presentados por su abogado defensor. El viernes 5 de diciembre, a las 5.30, la familia fue notificada de su muerte. Más tarde, internas del penal aseguraron que la mujer había pedido ayuda durante horas sin recibir respuesta y que habría fallecido en su celda, no en el hospital.
Las denunciantes también se comunicaron con Fernando Korstanje, comisionado del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, quien acusó al penal de desatender una situación crítica. “Estuvo toda la noche pidiendo auxilio. Tenía síntomas de un infarto y no fue asistida. Cuando alguien muere bajo custodia del Estado, la presunción de responsabilidad es del Estado”, afirmó.
La versión del Servicio Penitenciario
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula, sostuvo que Pariente “no murió en el penal, sino en el Hospital Eva Perón”, donde un médico confirmó su fallecimiento a la 1.49. Aseguró que se encontraba medicada, que había sido atendida por una endocrinóloga el 1 de diciembre y que no existen registros de pedidos de auxilio posteriores. Según su relato, las autoridades del penal la trasladaron en un móvil mientras le practicaban maniobras de reanimación.
La autopsia ordenada por el fiscal Pedro Gallo determinó que la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio y no registró lesiones externas. Tula afirmó que el penal actuó “correctamente” y pidió revisar las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.
Una investigación en curso
El fallecimiento de Pariente abrió un nuevo frente sobre las condiciones de detención y la asistencia sanitaria dentro del sistema penitenciario. La Fiscalía continúa tomando declaraciones y analizando pruebas para determinar si existió negligencia estatal o si la muerte se produjo pese a los controles médicos previos.
La causa sigue en curso y el caso reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a personas privadas de libertad.
