El fallo reaviva el debate sobre el antiguo sistema de boletas partidarias y la transición hacia la Boleta Única de Papel
La Justicia Federal dio un paso clave en una causa por presuntos delitos electorales ligados al sistema tradicional de impresión de boletas partidarias. La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el procesamiento de dirigentes de cuatro agrupaciones políticas acusadas de desviar fondos millonarios otorgados para la impresión de boletas durante las PASO bonaerenses de 2023.
El fallo —dictado el 4 de diciembre por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera— ratificó la decisión del juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Los imputados fueron procesados por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público, aunque sin prisión preventiva.
Montos millonarios y falta de comprobantes
Según la investigación, las agrupaciones “Proyecto Joven”, “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo” recibieron importantes sumas asignadas por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para financiar la impresión de boletas y tareas proselitistas.
Los registros oficiales indican que “Proyecto Joven” obtuvo $352.050.020, mientras que “Justicia y Dignidad Patriótica” percibió $124.224.124. Sin embargo, los responsables no pudieron acreditar que ese dinero haya sido destinado efectivamente a imprimir boletas o a actividades de campaña.
Los camaristas destacaron una “singular maniobra” que incluía la multiplicación de listas internas sin representatividad real, con el único objetivo de habilitar la recepción de fondos públicos. Además, se detectaron personas fallecidas o candidatos ingresados sin su consentimiento en las nóminas presentadas, lo que configuraría una falsificación documental.
El rol del Estado y las debilidades del sistema anterior
En su resolución, la CNE recordó que los partidos políticos son “auxiliares del Estado” y cumplen una función esencial en el sistema democrático. No obstante, el caso vuelve a poner de relieve una problemática histórica del sistema de boletas partidarias, donde cada agrupación debe imprimir, distribuir y reponer sus propias papeletas.
Ese mecanismo —vigente hasta 2023 en las elecciones nacionales— ha sido señalado en múltiples oportunidades por organismos electorales y expertos como un terreno propicio para maniobras fraudulentas, subejecución de fondos, irregularidades en contrataciones de imprentas y dificultades de fiscalización.
La propia CNE, en situaciones similares, dictó la Acordada 67/2023, destinada a verificar la existencia real y la actividad comercial de las imprentas supuestamente contratadas por los partidos.
Boleta Única de Papel: la transición tras los abusos del sistema anterior
El caso cobra relevancia en un contexto en el que, desde este año, las elecciones nacionales se realizaron mediante el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), introducido por el gobierno de Javier Milei y utilizado por primera vez en 2025.
La implementación fue considerada un rotundo éxito operativo, con buena recepción por parte de los votantes, quienes destacaron la simplicidad del método, la reducción de irregularidades y la eliminación de la necesidad de imprimir millones de boletas por partido.
El contraste es inevitable: mientras la causa judicial expone los abusos que habilitaba el modelo anterior, la BUP busca precisamente evitar la manipulación del financiamiento electoral, limitar los incentivos a crear listas ficticias y reducir la dependencia de contratos con imprentas.
Procesamientos y embargos confirmados
Finalmente, la Cámara confirmó por unanimidad los procesamientos de los imputados y los embargos millonarios establecidos en primera instancia. El tribunal sostuvo que no hubo afectación al derecho de defensa y que la decisión se basó en una valoración razonada de las pruebas disponibles.
Mientras avanza la causa, el fallo vuelve a colocar en agenda la discusión sobre la integridad del proceso electoral y la importancia de fortalecer mecanismos que prevengan la utilización indebida de fondos públicos—una problemática que, según los especialistas, la Boleta Única de Papel vino a corregir con mayor eficacia.
