El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza que regula las apps de transporte (Uber, DiDi, Cabify) y obliga a las plataformas a tributar, al tiempo que elevó el boleto del colectivo urbano de $950 a $1.250. Una medida que rediseña el sistema de movilidad con impacto directo en usuarios y conductores.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza que redefine el sistema de movilidad en la ciudad al regular las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. La nueva normativa establece requisitos técnicos, administrativos y fiscales que deberán cumplir tanto las plataformas como los conductores. La sanción llegó en simultáneo con el aumento del boleto urbano, que sube de 950 a 1.250 pesos, y configura un escenario donde la regulación y la presión tributaria vuelven a ocupar un rol central.
El nuevo régimen obliga a las plataformas a inscribirse en un registro municipal y a tributar localmente para operar. También exige información detallada sobre geolocalización, verificación de identidad, trazabilidad del viaje, seguros y procedimientos de seguridad. Los choferes deberán contar con habilitaciones específicas, vehículos aprobados y cumplir con toda la estructura de requisitos que el municipio determina. En los hechos, la formalización implica que un servicio que hasta ahora funcionaba en una zona gris queda bajo un esquema más rígido, con nuevas cargas económicas y administrativas.
La ordenanza reemplaza la antigua normativa de taxis y unifica todo bajo un único sistema regulatorio. Sin embargo, además de ordenar, también amplía el alcance del Estado sobre una actividad que se desarrollaba de forma más flexible. La incorporación de tributos, requisitos técnicos y controles adicionales implica que cada viaje realizado a través de una aplicación generará ingresos para el municipio, reforzando la percepción –ya instalada en gran parte de la población– de que cualquier avance en materia de servicios privados termina acompañado de nuevas obligaciones impositivas.
Al mismo tiempo, el Concejo aprobó el incremento del boleto mínimo del transporte urbano, ahora fijado en 1.250 pesos. Según las empresas, el ajuste responde al aumento de costos operativos, pero para los usuarios representa un golpe directo al bolsillo. La coincidencia entre más regulaciones, nuevos tributos y una tarifa más alta reabre el debate sobre el rol del Estado en el transporte: mientras el servicio público continúa encareciéndose, las alternativas privadas quedan condicionadas por un entramado de exigencias que, para muchos, opera como una barrera o un mecanismo de recaudación adicional.
En este nuevo escenario, San Miguel de Tucumán pasa a un modelo donde todo servicio de transporte, sea tradicional o intermediado por aplicaciones, queda sujeto a un marco uniforme y fuertemente regulado. La intención oficial es ordenar y garantizar seguridad, pero el costo de ese orden recae, una vez más, en conductores y usuarios, que deberán adaptarse a mayores cargas impositivas y a una estructura tarifaria más elevada.
El impacto real de estas medidas se verá con el tiempo, pero el mensaje es claro: la ciudad avanza hacia un esquema donde cada modalidad de transporte queda bajo control directo del municipio, tanto en términos operativos como fiscales. En un contexto donde los ciudadanos ya destinan una parte creciente de sus ingresos al transporte, la percepción de que el Estado amplía su capacidad de recaudar a costa del servicio no deja de ganar fuerza.
