El gobierno de Javier Milei aprobó la primera Política de Inteligencia Nacional en más de 20 años mediante el Decreto 864/2025. El plan fija 10 ejes estratégicos —desde ciberseguridad hasta defensa de recursos estratégicos— y reorganiza el sistema de inteligencia con nuevas autoridades, estructura operativa y alcance institucional.
El Gobierno nacional aprobó este viernes la primera Política de Inteligencia Nacional en más de dos décadas, mediante el Decreto 864/2025, impulsado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El documento de 34 páginas fija los lineamientos estratégicos que orientarán el funcionamiento del sistema de inteligencia del Estado (el Sistema de Inteligencia Nacional, SIN), estableciendo una nueva doctrina de seguridad estatal.
Bajo este nuevo marco, la SIDE recupera un rol central tras la reconversión institucional que derivó en su restablecimiento luego de la disolución de la antigua Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La renovada estructura encabezada por Cristian Auguadra quien fue designado por Javier Milei asumirá el encargo de desarrollar la nueva política, así como de diseñar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” que traducirá los lineamientos en acciones concretas.
Entre los ejes centrales del nuevo documento se destacan la defensa de la soberanía y la autonomía estratégica de la Nación, la protección de recursos estratégicos e infraestructuras críticas, la prevención del terrorismo y del crimen organizado, y la ciberseguridad. También incluye la protección de la integridad institucional frente a amenazas internas y externas, y la vigilancia de posibles influencias extranjeras.
El Gobierno de Milei comunica que esta política busca actualizar el accionar del sistema de inteligencia argentino, adaptándolo a los desafíos actuales, como amenazas globales, delitos transnacionales, seguridad digital y tensiones geopolíticas, bajo un enfoque moderno y estructurado.
En el tweet publicado por la cuenta oficial de la SIDE en X, explica los 6 puntos objetivos clave:
1) Fortalecer la presencia del país en el mundo mediante análisis estratégicos que mejoren las decisiones de política exterior y alianzas.
2) Evitar presiones o influencias externas que puedan condicionar las decisiones políticas, económicas o tecnológicas del país.
3) Cuidar el litio, la energía, las comunicaciones y otras estructuras clave para evitar sabotajes, apropiaciones o espionaje.
4) Detectar y desarticular redes delictivas y terroristas, anticipando movimientos y frenando su financiamiento y expansión.
5) Proteger al Estado de hackeos, ataques informáticos, robo de datos y campañas de desinformación.
6) Identificar y frenar operaciones de espionaje o influencia de otros países que puedan comprometer los intereses nacionales.
El decreto 864/2025 marca así un nuevo punto de inflexión: Argentina se dota formalmente de una estrategia de inteligencia nacional para los próximos años. Corresponderá observar de cerca su desarrollo concreto, y el equilibrio entre seguridad, democracia y transparencia.
En este escenario, la reestructuración del sistema de inteligencia también deja entrever una búsqueda más amplia impulsada directamente por Javier Milei: ordenar un ámbito históricamente opaco y darle un sentido operativo que priorice resultados antes que estructuras estancadas. Las decisiones recientes parecen responder a esa lógica. Más allá de las polémicas que inevitablemente rodean a un área tan sensible, incluso sectores críticos reconocen que Milei intenta imprimir coherencia y dirección estratégica, asumiendo costos políticos para sostener un trazado institucional que, al menos en intención, apunta a modernizar un sistema largamente postergado.
