El NARCO Jorge “Pelaín” Nassif, señalado por la Justicia como proveedor de drogas para el sur de Tucumán, se encuentra prófugo tras un operativo que reveló una red de distribución narco. La investigación expuso además un dato político sensible: su vínculo con una secretaria de la Legislatura tucumana, lo que reabre el debate sobre controles, nombramientos y la cercanía entre estructuras estatales y personas sospechadas de delitos complejos.
La Justicia de Tucumán ordenó la detención de Jorge “Pelaín” o “Oferta” Nassif, un hombre acusado de abastecer varios puntos de ventas narco en el sur provincial. El caso volvió al centro de la escena cuando, durante un allanamiento en su casa de Famaillá, se secuestró un kilo de cocaína, balanzas de precisión, motos presuntamente usadas para repartir dosis, armas y un complejo sistema de cámaras de seguridad interno.
Según la fiscalía y la Didrop Sur, Nassif no se dedicaba al narcomenudeo ocasional: los investigadores lo señalan como proveedor de “quioscos” en localidades como Monteros, Bella Vista, Simoca, Concepción y hasta Termas de Río Hondo en Santiago Del Estero.
El modus operandi que reconstruyó la Justicia muestra una red organizada: la droga llegaría al domicilio de Nassif, donde se preparaba y fraccionaba para su distribución. En ese mismo domicilio se hallaron signos de una vida con lujos incompatibles — armas de fuego, cámaras internas, pantallas con monitores, muros altos — y hasta decoración simbólica con cuadros de billetes que reproducen la imagen de Tony Montana, el ficticio narcotraficante de Scarface.
Cuando irrumpieron en la vivienda, la policía no encontró a Nassif. Huyó. Poco después, se presentó una mujer que se identificó como su pareja: se trata de Silvia Cecilia Rosconi, quien hasta hace poco desempeñaba el cargo de secretaria de cámara en la Legislatura de Tucumán. Fue demorada durante unas horas, pero liberada al no encontrarse en ese momento evidencia directa contra ella. Aun así, la Legislatura decidió separarla de su puesto.
Nassif ya había estado involucrado en un episodio que le dio notoriedad pública: en 2022 denunció que policías uniformados — luego condenados por integrar una banda de “narcopolicías” — lo habían asaltado y extorsionado. Aquella declaración, sumada a datos que surgieron en el juicio, hacían suponer que estaba vinculado al tráfico de drogas: un agente llegó a decir en sede judicial: “Sabíamos que él manejaba droga”.
A pesar de esos indicios, en ese entonces la Fiscalía y los jueces no ordenaron una investigación profunda. Nassif declaró que su actividad era la compra y venta informal de autos usados, y aseguró no poder justificar sus ingresos. Aun así, quedó libre. Ahora, una nueva causa, con pruebas más contundentes, lo pone en el banquillo de los más buscados de la provincia.
El escándalo no termina con la fuga de Nassif. El hecho de que su pareja haya sido funcionaria de la Legislatura provincial —y que continúe acérrimamente vinculada a él— expone a la institución a una grave crisis de confianza. Hay al menos tres niveles de cuestionamiento:
Falta de control interno: ¿Qué tipo de filtro de antecedentes se aplicó al nombrarla como secretaria de cámara? Que alguien con vínculos sentimentales con un individuo bajo sospecha de narcotráfico acceda a un cargo público revela fallas estructurales en los mecanismos de selección y verificación de personal.
Riesgo institucional y político: El vínculo estrecho entre el poder legislativo y una persona bajo investigación por narcotráfico debilita la legitimidad de las instituciones. Más aún cuando esa persona accedió a un cargo administrativo dentro del Estado.
Percepción pública negativa: Para los ciudadanos, la noticia refuerza la idea de que detrás de los cargos públicos puede haber redes informales de poder, relaciones peligrosas, y puertas giratorias que permiten el coqueteo con la ilegalidad. Esa percepción erosiona la credibilidad del sistema democrático.
El hecho de que la mujer haya sido cesada tras estallar el escándalo ayuda a mitigar el daño, pero no alcanza: el episodio exige una revisión profunda de los procesos de selección del personal, controles de seguridad institucional y un compromiso serio para evitar que personas con vínculos dudosos o sospechosos puedan infiltrarse en el Estado.
El caso de Jorge “Pelaín” Nassif pone nuevamente en evidencia la complejidad del narcotráfico en Tucumán: no se trata solo de dealers de barrio, sino —según la hipótesis de la Justicia— de redes organizadas que abastecen múltiples localidades, con estructura logística, fraccionamiento, distribución, vehículos y armas.
Pero, además, deja al descubierto la gravedad de un problema institucional: una empleada legislativa vinculada sentimentalmente a un sospechoso de narcotráfico. Esa cercanía demuestra la urgencia de revisar cómo se designa personal dentro del Estado, reforzar los controles y asegurar que la función pública no sea una puerta de ingreso para actores peligrosos.
Mientras Nassif sigue prófugo, la Justicia y la comunidad deben exigir no solo su captura, sino transparencia, reformas y garantías de integridad en las instituciones. La confianza pública se reconstruye con acciones concretas, no con silencios.
