La Libertad Avanza presentó un paquete de propuestas orientado a una reestructuración profunda del Estado tucumano, con cambios en materia administrativa, tributaria, productiva, institucional y social. El plan contempla modificaciones en la organización gubernamental, en el esquema impositivo y en el funcionamiento de áreas clave como seguridad, salud y educación.
En primer lugar, el espacio plantea una Reforma del Estado con una reducción de la estructura ministerial: de nueve ministerios actuales a solo tres. La iniciativa incluye el cierre de oficinas consideradas “decorativas”, la fusión de áreas y la eliminación de organismos señalados como “cajas políticas”, entre ellos el IPLA. Según el proyecto, el objetivo es concentrar recursos en funciones esenciales y disminuir el gasto administrativo.
En materia tributaria, propone una Reforma Integral del Sistema Impositivo Provincial. El espacio sostiene que eliminará el impuesto a la salud pública, reducirá las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos y avanzará hacia un esquema “más simple y equitativo”. La propuesta enfatiza la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes.
El capítulo productivo incluye un programa de Impulso a la Actividad Económica, con reintegros fiscales para inversiones de gran escala, microcréditos accesibles para pequeñas y medianas empresas y un proceso de desregulación general. Según la propuesta, la meta es facilitar la actividad privada y dinamizar la economía provincial.
En cuanto a Infraestructura y Servicios, el plan plantea que el Estado deje de ejecutar obras públicas de manera directa. En su lugar, se propone que planifique, licite y supervise, mientras que la ejecución quedará en manos del sector privado. Además, contempla la reconversión de Vialidad, la privatización de la SAT y el uso de fondos del FONAVI para mecanismos de crédito.
Otro punto central es la reorganización territorial. El proyecto elimina las comunas rurales, transfiriendo sus funciones a los municipios. Se establece además un sistema automático y transparente de distribución tributaria, con el fin declarado de terminar con prácticas de “clientelismo territorial”.
La propuesta incluye una Reforma de la Legislatura, que limita a cuatro el número de asesores por legislador y fija un tope: el presupuesto legislativo no podrá superar el 1% del presupuesto provincial. También se elimina la facultad de los legisladores de entregar subsidios, para que se concentren exclusivamente en tareas legislativas.
En el plano judicial, La Libertad Avanza impulsa la implementación de Juicios por Jurados para delitos graves, con doce ciudadanos sorteados que participarán en procesos orales, públicos y videograbados. El objetivo declarado es aumentar la legitimidad y el control social sobre el sistema penal.
La agenda de Seguridad incluye una reorganización interna de la Policía, intervenciones focalizadas en zonas críticas, mejoras en la formación y acciones específicas contra la corrupción policial. El espacio propone aplicar en Tucumán la normativa nacional vigente en la materia.
En el área de Salud, el proyecto plantea dos alternativas excluyentes: hospitales con autonomía de gestión o un seguro provincial con libre elección que reemplazaría al IPSST. En ambos casos, el financiamiento seguiría al paciente y no a las estructuras administrativas.
Por último, la propuesta educativa declara la emergencia del sistema, con autonomía escolar, libertad de elección y financiamiento por alumno. El programa enfatiza la evaluación por resultados y una política centrada en el mérito académico y la calidad educativa.
Las iniciativas presentadas conforman un paquete de reformas estructurales que, según La Libertad Avanza, buscan modernizar el Estado, reducir gastos, fortalecer la actividad privada y reorganizar áreas clave de la administración pública provincial.
