Un nuevo informe de Argentinos por la Educación reveló que Tucumán redujo en 22,4% su gasto destinado a educación y cultura entre 2023 y 2024, una de las caídas más pronunciadas del país. El estudio, titulado “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, advierte que el retroceso en el financiamiento educativo provincial se profundiza desde 2019 y vuelve a ubicar a Tucumán entre las jurisdicciones que menos priorizan este sector.
El documento analiza la evolución del presupuesto educativo provincial en los últimos diez años y concluye que 21 provincias recortaron su gasto real entre 2023 y 2024. Sin embargo, el caso tucumano se destaca por la magnitud del ajuste. A pesar del discurso oficial, la participación del presupuesto educativo dentro del gasto total provincial viene cayendo de manera sostenida, lo que refleja un cambio de prioridades en la administración local.
Según los datos del informe, cerca del 90% del gasto educativo se destina a salarios docentes, un rubro que también registró una fuerte caída en términos reales. En Tucumán, el salario real de los docentes de jornada simple retrocedió 11,1% entre 2024 y 2025, quedando por debajo de los niveles de 2023 y lejos de los valores de 2014. En el NOA, solo Santiago del Estero mantiene salarios por encima de los valores de hace una década.
El escenario se agrava con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto. Pero el informe advierte que, en Tucumán, el ajuste no se limitó al bolsillo docente: la contracción del presupuesto total (-22,4%) fue mayor que la caída del salario real. Esto revela que también se redujeron otros componentes esenciales, como infraestructura escolar, programas educativos y provisión de materiales. Tucumán integra así el grupo de 11 provincias afectadas por un “doble ajuste”.
El estudio, elaborado por Osvaldo Giordano (IERAL), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación), subraya que la responsabilidad del financiamiento escolar recae mayoritariamente en las provincias desde 1992. “El sistema educativo viene sufriendo un proceso de degradación. La consecuencia son déficits de formación, especialmente entre los niños y jóvenes de los hogares más vulnerables”, señala Giordano.
Los autores advierten además que la falta de información pública estandarizada dificulta el seguimiento del presupuesto educativo provincial. Para 2025, por ejemplo, no hay datos consolidados que permitan evaluar con precisión las decisiones de gasto.
El informe vuelve a poner en debate la distancia entre los mensajes políticos y la realidad presupuestaria. Mientras el gobierno provincial peronista sostiene que la educación es una prioridad, las cifras muestran una caída persistente de la inversión. Para especialistas y organizaciones educativas, el desafío es doble: sostener los recursos y mejorar su gestión para evitar que el ajuste recaiga directamente en las aulas y en los aprendizajes de miles de estudiantes tucumanos.
