En el marco de los preparativos para avanzar con una reforma laboral, el Gobierno nacional puso la lupa sobre los aportes obligatorios a los sindicatos. Un análisis oficial reveló que, en algunos casos, los trabajadores llegan a destinar más de $1,3 millones por año en concepto de cuotas sindicales y contribuciones asociadas, lo que representa un fuerte peso sobre el salario y sobre el costo total del empleo.
El relevamiento, encabezado por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en conjunto con la Secretaría de Trabajo, examinó más de 50 convenios colectivos de las principales actividades del país. El estudio detectó aportes compulsivos o “peajes sindicales” que, en seis sectores clave —camioneros, encargados de edificios, comercio, construcción, metalúrgicos y gastronómicos—, suman una recaudación total cercana a $2 billones anuales, equivalentes a más de US$1.300 millones.
Según el informe, el promedio por empleado asciende a $838.000 al año, aunque en algunos gremios los montos superan el millón de pesos. Los encargados de edificios, los trabajadores de la construcción y los gastronómicos figuran entre los más afectados por los aportes. En el caso de los camioneros, el total puede alcanzar $1,2 millones por trabajador, considerando los distintos porcentajes aplicados sobre sueldos básicos y adicionales.
Desde el ministerio señalaron que el hallazgo más relevante es la existencia de “múltiples aportes compulsivos”, entre ellos el denominado “aporte solidario”, que se aplica incluso a empleados no afiliados. “Esto genera una discusión de fondo sobre la libertad sindical y el derecho del trabajador a no asociarse”, remarcaron.
El propio Sturzenegger ya había cuestionado públicamente estos mecanismos, al definirlos como “una suerte de impuesto privado que no corresponde”. Recordó además que el DNU 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, buscó limitar este tipo de cobros exigiendo el consentimiento expreso del empleado, aunque la medida fue frenada por la Justicia.
El ministro sostuvo que gran parte del sistema laboral argentino se ve afectado por estas estructuras que encarecen el empleo formal y desalientan la contratación. En ese sentido, la reforma que el Ejecutivo prepara plantea revisar la carga impositiva sobre el trabajo, los sistemas de indemnización y la negociación colectiva, con el objetivo de reducir costos y promover la generación de empleo privado.
“Los convenios por empresa o región deberían prevalecer sobre los convenios por actividad”, explicó Sturzenegger, quien argumentó que ese cambio podría reducir hasta 16 puntos el desempleo en regiones como el NOA.
El diagnóstico oficial coincide con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó el régimen laboral argentino como “arcaico, rígido e imprevisible”. Ambos funcionarios remarcan que la eliminación de los aportes compulsivos y la flexibilización de los convenios serían pasos necesarios para reactivar el mercado laboral y devolverle poder de decisión al trabajador sobre el destino de su salario.
