El armado de candidatos testimoniales de Osvaldo Jaldo es un verdadero fraude político: si el oficialismo gana tres bancas, las renuncias de sus candidatos de mentira pueden obligar a Tucumán a elecciones complementarias.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabeza una lista plagada de candidatos testimoniales que jamás tuvieron la intención de asumir. No es una jugada inocente: es un engaño deliberado al electorado. Porque si el peronismo logra tres diputados nacionales, las vacantes generadas por las renuncias podrían forzar a los tucumanos a volver a votar. En otras palabras: el oficialismo usa el voto como ficha de casino, apostando al corrimiento de nombres, sin importar el costo institucional.
Lo insólito es que esta maniobra no sólo desnuda la falta de respeto a los ciudadanos, sino que además expone una improvisación peligrosa. El propio marco legal es claro: si se agota la lista de suplentes, corresponde llamar a nuevas elecciones. ¿Lo pensaron en el Gobierno? ¿O creen que Tucumán es un laboratorio donde pueden manipular a la sociedad a su antojo?
Mientras Jaldo se muestra como líder fuerte frente a la Casa Rosada, en los hechos somete a la provincia a un bochorno democrático. Porque ningún tucumano vota para después tener que volver a votar por culpa de un gobernador que llenó la boleta de nombres que nunca iban a ocupar sus bancas.
No se trata de tecnicismos legales, se trata de ética. El oficialismo juega con la fe pública, usa a la gente como masa de maniobra y convierte el sistema electoral en un experimento de supervivencia política. ¿Quién se hace cargo del costo social, político y económico de convocar otra elección por capricho de un armado testimonial?
La respuesta es simple: nadie en el poder. El costo siempre lo paga el pueblo.
