La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado la recusación presentada por Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad, allanando el camino para que el máximo tribunal defina la situación judicial de la expresidenta.
En diciembre de 2022, un tribunal federal condenó a Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, al beneficiarse al empresario Lázaro Báez con contratos de obras públicas en Santa Cruz. La Cámara de Casación ratificó esta condena en noviembre de 2024, y recientemente rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Kirchner, considerando que no cumplían con los requisitos necesarios para ser tratados por la Corte Suprema.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ha solicitado que se eleve la pena a 12 años de prisión, incorporando el delito de asociación ilícita, que fue desestimado en instancias anteriores.
Con la recusación contra Lorenzetti rechazada, la Corte Suprema está en condiciones de pronunciarse sobre la causa Vialidad. Si confirma la condena, Kirchner podría enfrentar la ejecución de la pena, aunque su edad y condición podrían permitirle cumplirla en arresto domiciliario.
Este desarrollo judicial representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en Argentina, destacando la importancia de la independencia del Poder Judicial y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
