Valentina Olguín, la influencer investigada por contrabando simulado y uso indebido de datos fiscales, enfrenta cargos en cinco provincias. Podría recibir hasta ocho años de cárcel.
El escándalo que involucra a la influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín sigue creciendo a medida que avanza la investigación judicial. Con apenas 26 años, Olguín se convirtió en la protagonista de un inédito caso de contrabando simulado tras utilizar el CUIT de al menos seis gobernadores para importar mercadería desde Estados Unidos a través del sistema courier. Ahora, enfrenta una posible pena de hasta ocho años de cárcel y causas abiertas en tribunales de cinco provincias.
Todo comenzó cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció que su número de CUIT había sido utilizado sin su autorización para realizar compras en el exterior. A partir de esa denuncia, la Justicia Federal detectó que no se trataba de un caso aislado: la influencer también habría empleado los datos fiscales de otros cinco mandatarios provinciales, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).
La causa está en manos del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, quien decidió procesar a Olguín sin prisión preventiva, pero con un embargo de cinco millones de pesos como medida cautelar. La figura penal que enfrenta es contrabando mediante simulación, contemplada en el artículo 863 del Código Aduanero, que prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.
Cómo funcionaba el esquema
Según la investigación del fiscal Agustín Chit, Olguín habría realizado al menos 16 compras en tiendas estadounidenses utilizando la modalidad courier, que permite traer paquetes al país sin pasar por los canales habituales de importación. Este sistema, vigente desde fines de 2024, tiene reglas claras: se permite hasta cinco envíos por año por persona, con un peso máximo de 50 kilos por paquete y sin fines comerciales.
Para sortear esas limitaciones, Olguín habría utilizado los CUIT y domicilios fiscales de los gobernadores. En total, según el expediente, cinco envíos se realizaron con los datos del gobernador Jaldo, cinco con los de Ziliotto, cuatro con los de Kicillof, y uno con los de Frigerio y Orrego, respectivamente. El valor total de la mercadería importada supera los 1.200 dólares, equivalentes a más de 1,3 millones de pesos.
El objetivo, según declaró la propia Olguín, era obtener vestuario para la grabación de un videoclip. “Tuve un muy mal pensamiento para sacar la ropa así. Era para ayudarme a mí en un look de un videoclip. Nunca pensé que iba a llegar a este nivel de seriedad”, sostuvo días atrás en una entrevista con LN+. “Desde el primer momento estoy a disposición. Me he hecho cargo de todo”.
La defensa y los intentos de reparación
La defensa de la joven apeló el procesamiento esta semana, solicitando su libertad condicional y argumentando que el embargo millonario responde a una medida preventiva. Además, presentaron un descargo en el que Olguín ofreció disculpas públicas al gobernador Jaldo y propuso realizar tareas comunitarias y hasta brindar un show gratuito en Tucumán como gesto de reparación.
“Esto no fue una estafa ni un robo. No tiene que ver con política ni con una estructura de fraude. Fue una imprudencia desde el desconocimiento”, insistió la artista, que aseguró no dedicarse a la venta de ropa ni al comercio informal, como se había rumoreado en redes sociales.
Sin embargo, la causa tiene implicancias más graves de lo que Olguín parece haber previsto. El uso indebido de datos fiscales protegidos, sumado a la participación involuntaria de funcionarios de distintas jurisdicciones, motivó que la Justicia tucumana se declarara parcialmente incompetente. De esta manera, los casos que involucran a gobernadores de otras provincias fueron derivados a los tribunales de La Plata, Paraná, Santa Rosa y San Juan, respectivamente.
Escenario judicial incierto
La multiplicidad de causas abiertas complica el panorama judicial de Olguín. Aunque no tiene antecedentes penales y colaboró con la investigación desde el inicio, si es hallada culpable en más de una jurisdicción, podría enfrentar penas acumulativas e incluso prisión efectiva.
La figura de contrabando por simulación no requiere que haya existido una transacción comercial ilícita en términos tradicionales, sino que penaliza cualquier intento de eludir el control aduanero mediante engaño. El delito no requiere dolo directo, y puede configurarse con solo intentar dificultar las tareas del servicio aduanero.
Por ahora, la influencer que usó el CUIT de seis gobernadores sigue en libertad, pero con un futuro legal incierto. La investigación continúa, y todo indica que las próximas semanas serán clave para definir si Olguín logra evitar la cárcel o si deberá enfrentar el rigor de una condena penal que podría marcar un precedente en la jurisprudencia argentina.
