El gobierno de Javier Milei busca mantener el protagonismo político con una batería de medidas de desregulación y achicamiento del Estado. Sturzenegger, figura clave en el nuevo paquete normativo.
El Gobierno nacional se prepara para lanzar una nueva etapa del plan de ajuste del Estado, conocido como “motosierra 2.0”, con la publicación de una serie de decretos que apuntan a eliminar, fusionar y reformar una gran cantidad de organismos públicos. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de la estrategia del Ejecutivo para sostener su centralidad en la agenda política tras el levantamiento del cepo, considerado su mayor logro hasta ahora.
Según fuentes oficiales, el paquete normativo se encuentra en etapa final de elaboración y contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias, muchas de ellas institutos vinculados a áreas como Cultura, Salud, Economía y Capital Humano. El objetivo declarado es reducir la burocracia, evitar la duplicación de funciones y centralizar las políticas públicas.
Si bien inicialmente se había pensado en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) único para implementar todas estas reformas, el Gobierno optó por dividirlo en decretos por área. Esta estrategia responde tanto a razones comunicacionales —para mantener la iniciativa mediática— como legales, ya que un único DNU podría ser bloqueado en su totalidad por la justicia en caso de judicialización.
El marco legal que habilita estos cambios es el artículo 3 de la Ley Bases, que otorga al Ejecutivo facultades para reorganizar, transformar o incluso eliminar parcialmente estructuras del Estado. No obstante, la misma ley impide la disolución de más de 30 organismos.
El anuncio formal de estos decretos fue postergado esta semana, pese a estar previsto para el miércoles, lo que evidencia las complejidades legales y la necesidad de coordinación entre los distintos ministerios. “Todos tenemos que hacer retoques clave, van a tener que esperar un poco más para conocerlo”, reconocieron desde una de las carteras involucradas.
Además del plan de reestructuración estatal, el Gobierno trabaja en un nuevo paquete de desregulaciones que podría incluir hasta 40 medidas. Muchas de ellas ya estaban contempladas en el “proyecto de ley Hojarasca”, enviado al Congreso en octubre del año pasado, que propone derogar más de 70 leyes consideradas obsoletas o restrictivas.
Con el calendario electoral acercándose y la actividad legislativa por ralentizarse, el oficialismo apuesta por dosificar sus iniciativas y avanzar por decreto en aquellas reformas que considera prioritarias, como también lo será, en paralelo, la reforma penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad.
