El municipio de San Miguel de Tucumán, gobernado por Rossana Chahla, es apuntado por intentar ceder monopólicamente los servicios de recolección de residuos y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) a la empresa 9 de Julio. Entre excusas y estrategias, la gestión actual abrió el camino para hacer enormes desembolsos a un solo destinatario. Sin embargo, la intendenta del PJ habla de “Monumento a la transparencia”.
En la reciente apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, Chahla hizo énfasis en lo que respecta al tratamiento de la basura y denunció que anteriormente existía un “Monumento a la corrupción”, hoy desplazado por la transparencia.
En contraste, la ejecutiva peronista armó un camino lleno de obstáculos para que empresas ajenas a sus intereses puedan participar en igualdad de condiciones. Todo indica que la 9 de Julio pica en punta para quedarse con la operación de la planta de transferencia de San Felipe, el traslado de RSU a Overo Pozo, su rellano y su disposición final. Mañana al mediodía, en la sede del Consorcio Metropolitano, se realizará la apertura de sobres de tres empresas ofertantes que pagaron $20.000.000 por un pliego que de antemano parece tener dueño. ¿Dónde queda el Monumento a la transparencia?
Paso a paso de una trama oscura
Todo comenzó con la declaración de la emergencia sanitaria y la posterior extensión del contrato a la empresa 9 de Julio, sin mediar peros. Sin licitaciones mediante, y por “el apuro de la necesidad”, la 9 de Julio se aseguró una facturación de piso mensual de $3.200 millones.
Sin embargo, para el pliego que conlleva el tratamiento, traslado, relleno y disposición final de los residuos en Overo Pozo, Chahla, siendo la voz de mando del Consorcio Metropolitano, abrió un pliego de licitación “tramposo”. El primer punto que da lugar a sospechas es el efímero período de tiempo que hubo para presentar una oferta, mientras que el segundo cuestiona los minuciosos requisitos del pliego.
Una de las condiciones a considerar, para quien pretenda hacerse cargo de la tarea, es que la empresa ofertante haya facturado en los últimos 12 meses más que en los próximos 18 del contrato con el Consorcio. Bajo esta lógica, 9 de Julio factura $3.200 millones mensuales, por lo que la competencia se ve totalmente desalentada para los competidores.
Otro de los puntos del pliego es no superar los 1.300 millones mensuales, pero hoy por hoy, el costo del servicio ronda los $1.650 millones. Claramente, esto quitaría del camino a la principal competencia que tiene 9 de Julio.
Otro escollo será en el intento de impugnación del pliego de licitación. Para concretarse, habrá que pagar $200 millones con la posibilidad de que ese dinero no sea devuelto. Además, la empresa litigante tampoco podrá participar en futuras licitaciones durante seis meses. Entonces, para qué impugnar. “Este es otro entramado planificado por Chahla”, se dice entre las quejas capitalinas.
El contrato con Moviser SRL vence el próximo 1 de mayo, por lo que el gobierno llamó a licitaciones en una acción digna de una administración transparente. Sin embargo, la se la doble vara respecto a otros servicios similares y a los requisitos distorsionadores a favor del proveedor de la recolección de residuos (9 de Julio). ¿Existe tal transparencia?
San Miguel de Tucumán desestima empresas locales
El sábado pasado, Chahla destacó el proceso licitatorio dispuesto en el Consorcio y dijo que pasó de ser un “Monumento a la Corrupción” a consolidarse como un verdadero “Monumento a la Transparencia”.
Pese a ello, la práctica no encaja con el discurso de la mandataria en el Concejo Deliberante, debido a que los requisitos del pliego desplazan al actual prestador y posicionan a la empresa 9 de Julio, quien además renovó su contrato sin licitaciones y por cifras millonarias.
Lo curioso, además es que Chahla no tiene problemas para elevar el gasto del Consorcio, cuando se trata no coincidir con empresas de su paladar.
Según pudo saber TUCUMÁN DIGITAL, al Consorcio llegaron propuestas revolucionarias para el tratamiento de RSU, todas rechazadas sin emitir respuesta. Y eso que era a costo cero. Le ofrecieron un sistema que convierte la basura en ladrillos ecológicos y en gas comprimido para garrafas sociales. El Municipio lo desestimó.
Otro rechazo fue el “no” a un proyecto que contemplaba el armado de una nueva pileta de contención de lixiviados en Overo pozo, a cambio de una pequeña extensión de contrato por 18 meses, pero SMT dispuso pagarle a un prestador de Buenos Aires, que mostró deficiencias, destiempo y representó un gasto exorbitante de $300 millones de pesos para tener la obra inconclusa.
