La causa por la mercadería del Ministerio de Desarrollo Social hallada en un domicilio particular sigue avanzando con nuevas solicitudes de investigación. Ahora, el foco está puesto en Deiana.
Uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos en Tucumán es el referido a la venta ilegal de mercadería, la cual se produjo más de una vez en el Ministerio dirigido por Federico Masso. En este sentido, el abogado Gustavo Morales, defensor del imputado Juan Alberto López Cansillieri, solicitó a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que se amplíe la investigación e incluya al ciudadano Walter Molina y al interventor de la Mutualidad Provincial, Daniel Deiana.
Pedido de ampliación de la investigación
Morales entregó a la Fiscalía un documento que habría sido redactado por Molina y dirigido a López Cansillieri mientras este último se encontraba detenido en la Comisaría 15. En dicho escrito, Molina le solicitaba que dejara de ser defendido por Gustavo Morales y aceptara la representación de una “Dra. de Morfil”, presuntamente por recomendación de Daniel Deiana, presidente de la Mutualidad Provincial. Además, en la misma nota se mencionaba que Cansillieri debía “esperar hasta fines de febrero o marzo” y que recibiría dinero en nombre de Deiana, con la promesa de que su situación judicial mejoraría.
Relación con la Mutualidad Provincial
Uno de los puntos clave de la investigación es determinar si la mercadería estatal también estaba destinada a la Mutualidad Provincial. Según la documentación en la causa, el 20 de noviembre de 2024 la mercadería habría sido retirada del Transporte Hacha de Piedra. Un día después, el 21 de noviembre, parte de esta mercadería habría sido entregada en la sede de la Mutualidad Provincial, ubicada en calle Ayacucho 170, en San Miguel de Tucumán. El destinatario formal de la carga era el Frente Social Popular. Sin embargo, cinco días después, una cantidad significativa de estos productos fue encontrada en una vivienda de Manantial Sur.
Hallazgo de la mercadería y contexto de la investigación
A fines del año pasado, el secuestro de más de 5.200 kilos de mercadería asignada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia desató un escándalo en el ámbito político y social. La mercadería fue descubierta en un allanamiento realizado en una vivienda de Manantial Sur, lo que llevó a interrogantes sobre el destino de los insumos estatales destinados a la asistencia alimentaria.
La investigación sugiere que parte de estos alimentos podría haber sido vendida de manera irregular. Durante el allanamiento, se encontraron anotaciones en las que figuraban listas de productos junto con montos de dinero, lo que refuerza la hipótesis de una comercialización ilegal de los bienes.
Imputados y detenciones
Hasta el momento, los principales detenidos por el caso son Antonio Felipe López, de 58 años, y su hijo Juan López Cansillieri, de 39 años. Ambos se desempeñaban como dirigentes sociales y tenían cargos en el Estado. Cansillieri trabajaba en la Legislatura provincial, pero fue dado de baja tras su detención.
En la audiencia de formulación de cargos, la Justicia dispuso que ambos permanezcan detenidos bajo prisión preventiva por 90 días, mientras continúa la investigación.
Hipótesis de la Fiscalía
La Fiscalía considera que existen elementos para sostener que los alimentos podrían haber sido comercializados en el mercado negro. Por esta razón, solicitó que la causa sea declarada de “asunto complejo”, lo que permitiría extender los plazos de la investigación. Además, no se descarta la participación de otras personas en el hecho, así como la posible existencia de una red organizada para la distribución y venta de la mercadería.
Próximos pasos de la investigación
Con la solicitud del abogado Morales, la Fiscalía podría ampliar la investigación para incluir a Walter Molina y a Daniel Deiana. La vinculación de la Mutualidad Provincial y su presidente con la distribución de la mercadería de Desarrollo Social podría ser un eje clave en las próximas diligencias judiciales.
El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los implicados y el destino final de la mercadería estatal.
