El Gobierno Nacional tiene listo el proyecto de reforma del Código Penal, que será presentado en las próximas sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa busca endurecer las penas para determinados delitos, especialmente violaciones y homicidios agravados, y establecer una cadena perpetua efectiva sin posibilidad de reducción de la pena.
El proyecto fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal, integrada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y un equipo de juristas encabezados por Jorge Buompadre. También participaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, entre otros especialistas en derecho penal.
Endurecimiento de penas y perpetua sin reducción
Uno de los principales cambios que propone la reforma es la eliminación de la posibilidad de reducir la cadena perpetua, que actualmente permite a un condenado obtener la libertad condicional tras cumplir 35 años de prisión. La nueva normativa establecería que quienes reciban una sentencia de reclusión perpetua deberán cumplirla de por vida.
Un funcionario involucrado en el proyecto explicó que la intención del Gobierno es que “las penas sean realmente proporcionales al daño causado a las víctimas y a la sociedad. Queremos que la perpetua sea, efectivamente, para toda la vida”.
Si bien aún no se detallaron los delitos específicos que recibirían esta condena máxima, se anticipa que incluiría homicidios especialmente agravados y otros crímenes de extrema violencia.
Por otro lado, se busca incrementar las penas por delitos de violación. Actualmente, el Código Penal establece condenas de entre seis y quince años de prisión para estos casos, con un máximo de 20 años en situaciones agravadas. La reforma apunta a elevar significativamente estos castigos para desalentar la reincidencia y reforzar la seguridad ciudadana.
Fundamentos de la reforma
El presidente Javier Milei ha reiterado en diversas oportunidades su intención de aplicar una doctrina de seguridad más firme, bajo la premisa de que “el que las hace, las paga”. Su enfoque se basa, en parte, en las teorías del economista Gary Becker, quien analizó el crimen desde un punto de vista económico y sostuvo que el aumento de las penas puede tener un efecto disuasorio sobre la criminalidad.
Desde el Gobierno argumentan que el actual sistema penal es ineficaz en la prevención del delito y que muchas condenas resultan en excarcelaciones tempranas que permiten la reincidencia de criminales peligrosos. La nueva normativa buscaría poner fin a esta situación mediante un esquema más estricto de cumplimiento efectivo de las penas.
Presentación y tratamiento legislativo
El proyecto será presentado por el presidente Milei en la apertura del año legislativo el 1° de marzo, en un acto que se llevará a cabo en pleno fin de semana y será transmitido por cadena nacional.
Desde el oficialismo confían en que la iniciativa contará con el respaldo suficiente en el Congreso para su aprobación, aunque reconocen que algunos sectores de la oposición podrían oponerse a ciertas disposiciones, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de reducir las penas.
El camarista Mariano Borinsky, uno de los principales redactores del proyecto, mantuvo una reunión con el ministro de Justicia para ultimar detalles del texto antes de su presentación formal. Se espera que en las próximas semanas se definan los últimos ajustes y se inicien las discusiones parlamentarias.
Cárceles privadas: una iniciativa complementaria
En paralelo a esta reforma, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está impulsando un proyecto para la construcción de cárceles privadas, con el objetivo de aliviar la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios estatales. Esta propuesta ya fue anunciada en mayo pasado junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, e incluye la creación de dos prisiones de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires.
El modelo de cárceles privadas ha sido implementado en otros países y busca reducir costos para el Estado, además de mejorar las condiciones de detención. Sin embargo, este esquema ha generado debates en torno a su viabilidad y regulación. Desde el Gobierno aseguran que la medida será analizada en detalle para garantizar su correcto funcionamiento.
Un paso hacia un sistema penal más estricto
El endurecimiento del Código Penal y la propuesta de nuevas cárceles forman parte de un paquete de medidas de seguridad con las que el Gobierno busca marcar una diferencia en la lucha contra el delito. La iniciativa refleja la convicción de la administración Milei de que penas más severas y un cumplimiento efectivo pueden contribuir a reducir la criminalidad en el país.
A la espera del debate legislativo, la sociedad sigue de cerca estas reformas, en un contexto donde la seguridad y la justicia siguen siendo demandas prioritarias de la ciudadanía.
