El fallo de la Cámara de Casación Penal, declarando inconstitucional artículos de la Ley 24.660, les otorga la posibilidad 65 presos tucumanos, a esgrimir el derecho para acceder a su libertad.
Tras el polémico y controvertido fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró inconstitucionales las normas que le impiden a las personas detenidas por venta de droga no poder acceder a la libertad condicional, en Tucumán cerca de 65 presos podrían quedar libres bajo esta modalidad.
El número en cuestión surge del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) contemplando los datos disponibles hacia fines de 2023, última actualización del registro, en tanto que, a nivel país, había 14.584 personas detenidas por violación a la ley 27.737 de estupefacientes. Vale señalar que aquí no se incluyen los detenidos por la ley narcomenudeo aplicada en la provincia desde 2022 y, de acuerdo a estadísticas de la Corte Suprema local, en 2023 se dictaron 104 condenas por este delito, de las cuales 84 fueron de cumplimiento efectivo (penas de más de tres años) y las otras 20, condicionales.
En tal sentido, los 65 detenidos en Tucumán, señalados primeramente, podrían solicitar en sus expedientes que se les aplique el fallo que por mayoría dictó la Sala de Feria de la Cámara de Casación.
Por dos votos contra uno, la Cámara declaró inconstitucional artículos de la ley 24.660 -una norma que impedía la libertad condicional para delitos graves como homicidios agravados, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y secuestro seguido de muerte-, en momentos en que el Gobierno de Javier Mileide la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca el endurecimiento de la ejecución de las penas de este tipo de delitos.
La Ley 24.660, también conocida como la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y sus modificaciones de 2017, establece los criterios y procedimientos para la aplicación de medidas alternativas a la prisión y fue flexibilizada con la decisión de la Cámara de Casación de esta semana.
Las modificaciones a la ley original habían sido introducidas durante el gobierno de Mauricio Macri, y buscaban evitar los beneficios para condenados que les permitían salir antes del fin de su sentencia a través de medidas como la libertad condicional. Son los casos de narcotráfico, secuestros, delitos sexuales, homicidios agravados, torturas, financiamiento del terrorismo, entre otros.
Pero por mayoría la Sala de Feria de Casación lo declaró inconstitucional porque entendió que esa restricción pone en desigualdad ante la ley a esos detenidos frente a otros que están presos por otros delitos y que eso presenta una desigualdad. Los magistrados señalaron que la igualdad ante la ley está consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales a los que Argentina adhirió y tienen rango constitucional porque forman parte de la carta magna. Otro argumento fue que se trata de una desigualdad frente a la resocialización de los detenidos.
El fallo de Casación está en plazo de ser apelado por el fiscal Raúl Pleé para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo revoque.
Fuente: Tendencia en Noticias
