Un proyecto inmobiliario que perjudicó a varias personas tiene partipación de Jorge Cruz, el delegado comunal de El Mollar. Jaldo pidió que se invetsigue a fondo.
La Provincia busca recuperar terrenos de la Reserva Natural La Angostura, ubicada en El Mollar, que fueron comercializados en el proyecto inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”, que está a nombre de Juan Pablo Castro, un hombre de 85 años. Los compradores de esas parcelas terrenales no tuvieron problemas en mostrar los documentos que les entregaron en oficinas públicas para probar que la comercialización era legal. Aparecen mencionados, por ahora, cinco organismos y una comuna rural.
Las reparticiones involucradas y el detalle de su participación
Dirección de Flora y Fauna: este organismo le habría cedido al titular del proyecto Juan Pablo Castro una parte de esas tierras para que pastaran sus animales. No se sabe con exactitud quién firmó la autorización, en qué fecha y hasta cuándo se extendía esta autorización.
Dirección General de Catastro: dos de los profesionales que se desempeñam dentro de esta dirección recomendaron a las autoridades enviar el expediente a otra repartición para que se cambie la titularidad del bien, pese a que esas parcelas ya habrían estado a nombre del Superior Gobierno de la Provincia.
Secretaría de Municipios y Comunas: según aseguran los compradores afectados, esta cartera habría firmado la autorización del proyecto el 20 de diciembre de 2020. Eso es lo que figura en el plano que les entregaron los vendedores y en lo que se habría basado el delegado comunal de El Mollar Jorge Cruz para sostener que “el loteo era legal”.
Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat: desde aquí se firmó en febrero de 2023 una constancia de que Castro estaba gestionando la escrituración del terreno. Una versión totalmente diferente a la opinión de los especialistas de Catastro.
Dirección General de Rentas: Castro consiguió en enero de 2023 que se le emita una boleta del pago anual del impuesto Inmobiliario de ese período, cuando aún él no contaba con la escritura que demostrara su titularidad, según la opinión de un abogado de un organismo estatal.
Comuna de El Mollar: el delegado comunal, Jorge Cruz, no sólo avaló el proyecto inmobiliario en tierras que formaban parte de una reserva natural, sino que firmó notas para que el lugar tuviera suministro de agua potable.
La palabra de los compradores
“Lo que más nos molesta es que somos considerados como usurpadores por las autoridades de la provincia. Somos compradores de buena fe. Ellos no dicen que fue el mismo Estado el que permitió todo esto. Tenemos todos los papeles para demostrarlo”, aseguró Alberto Cativa, uno de los que invirtió entre U$S15.000 y U$S20.000 para adquirir un terreno en ese loteo según declaró en una entrevista con La Gaceta.
Los compradores se mantuvieron en silencio durante dos meses, pero llegado el momento consideraron que la situación no daba para más y decidieron hacer pública esta situación. Antes de llegar a lo medios de comunicación pasaro por oficinas oficiales cuando, en una reunión con la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, entregaron los documentos que les fueron otorgados tras la compra. La funcionaria jaldista no sólo habría descubierto algunas irregularidades, sino que confirmó que el titular no habría contado con ningún título de esas propiedades.
Argumentos legales
Distintos juristas empapados en materia penal aseguran que, lamentablemente, ninguno de los papeles con los que cuentan los afectados puden comprobar que esas tierras les pertenecen; por lo que claramente los compradores fueron víctimas de una estafa articulada donde está involucrado hasta el Gobierno local. Todas las reparticiones estatales y la comuna deberían dar explicaciones del alevoso hecho.
El “Loteo Gaucho Castro” cuenta con una cadena de procesos irregulares. Primero: para ser aprobados por Catastro, los titulares de un proyecto inmobiliario deben presentar informes de factibilidad, es decir, documentos firmados por especialistas para que informen, entre otras cosas, si la edificación no generará un impacto ambiental y si los habitantes de ese lugar tendrán acceso al servicio de agua potable y energía. Segundo: nunca un proyecto puede pasar primero por las oficinas comunales antes que por catastro para ser aprobado. También es casi burdo que en agosto de 2023, tres años después de su aprobación, el delegado Cruz haya firmado la factibilidad del uso del servicio de agua.
Accionar del Estado provincial
El Estado provincial reaccionó con una serie de medidas. Consiguió que una jueza dictara una medida cautelar para que no se siguieran ocupando tierras y construyera en la reserva. Avisó a las empresas que no debían habilitar el servicio (agua, luz y gas) si es que sus peticionarios no contaban con la documentación que acredite la titularidad del inmueble. También advirtió a los colegios de profesionales y a los escribanos que se abstuvieran a realizar cualquier tipo de trámite en tierras fiscales. Por último, envió a la Policía para sacar todos los cercados y destruir con topadoras las construcciones que habían realizado para que el mensaje terminara de llegar.
El caso no se cerró. La Provincia denunció ayer penalmente a Castro por usurpación. El señalado es un hombre de 85 años, que no tiene celular y que probablemente no tenga idea que su nombre está escrito en documentos oficiales. Pero también deberían responder funcionarios. La situación del delegado comunal Cruz es complicada, al igual que la del titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat, Fernando Chaler.
El vídeo que complica a Jorge Cruz
Según publicó La Gaceta, un video podría complicar aún más a Jorge Cruz, el delegado comunal de la comuna en cuestión. El ejecutivo aparece tratando de llevar tranquilidad a los compradores de las tierras asegurando que la Secretaría de Municipios y Comunas había autorizado la venta de terrenos del predio de la Reserva La Angostura, que pertenece a la Provincia. Esas palabras fueron suficientes para esclarecer parte de un caso que genera polémicas.
“Pedí que se hiciera una denuncia contra el responsable de este proyecto porque lucró con tierras fiscales”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo. “Y si hay funcionarios que estuvieron implicados, tendrán que responder administrativamente y ante la Justicia. No vamos a permitir que nadie realice este tipo de maniobras. Vamos a defender la propiedad privada y pública con la Policía y la Justicia”, agregó sin pelos en la lengua.
Además, los compradores consultados no sólo dijeron que en la comuna le habían confirmado que el loteo era legal, sino que brinadaron información mucho más alarmante: el mismo comisionado habría adquirido dos propiedades que podría haberlas vendido con el paso del tiempo.
¿Cómo sigue el caso?
Si bien la investigación apuntará primero a Luis Castro, titular del proyecto inmobiliario, de esa investigación podrían surgir otros nombres, entre ellos de funcionarios y empleados estatales que habrían tenido alguna participación en el caso. “Hemos recibido instrucciones del gobernador Jaldo de ir hasta el fondo. Sin importar de quién se trate”, declaró la fscal de Estado Gilda Pedicone.
También resta saber qué sucederá con las personas que compraron los terrenos de la Reserva. “Los documentos que nos presentaron sirvieron para armar el mapa de lo que ocurrió en este caso. Sin embargo, ninguno de ellos sirven para probar que adquirieron un terreno que estaba escriturado. En otras palabras, no pueden demostrar su titularidad”, cerró la funcionaria.