Osvaldo Jaldo es uno de los cinco gobernadores argentinos que optó por no presentar públicamente su declaración jurada (DDJJ), amparado en la ley provincial N° 7939, que lo habilita a entregar ese informe sobre su patrimonio a sobre cerrado.
Los otros cuatro mandatarios provinciales que no rindieron cuentas sobre sus bienes, con argumentos similares, son Gildo Insfrán, de Formosa, Ricardo Quintela, de La Rioja, Gustavo Valdéz, de Corrientes, y Claudio Vidal, de Santa Cruz.
Según un informe especial publicado por TN, los otros 19 gobernadores del país sí accedieron a mostrar públicamente sus declaraciones juradas.
En el caso de Tucumán, no existe una ley que obligue al titular del Poder Ejecutivo a presentar públicamente su declaración jurada. TN señaló que se comunicó “en reiteradas oportunidades con el equipo de comunicación de Jaldo para obtener su DDJJ pero no obtuvo respuesta”.
El mes pasado, Jaldo envió a la Legislatura un proyecto de ley de acceso a la información pública y aseguró que esa medida tiene como objetivo garantizar “un derecho fundamental de los ciudadanos” y la calificó como “un paso hacia la transparencia, por un Estado más abierto y responsable”.
Los hechos demuestran que ese objetivo en Tucumán está lejos de ser alcanzado, no al menos hasta que se sancione una Ley de Ética Pública como las que rigen en otros distritos donde las autoridades están obligadas a informar públicamente su evolución patrimonial.
En este sentido, el informe de TN revela que, en algunas provincias, como Formosa ni siquiera está claro cómo es el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios y no hay información sobre cómo acceder a estos documentos; mientras que, en otras jurisdicciones, como La Rioja, la DDJJ debería estar publicada en el Boletín Oficial pero no aparece.
En Santa Cruz, Vidal se amparó para no informar sobre su patrimonio amparado en el artículo 12 de la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública de la Ley Provincial Nº 3034 y Reglamentación establece que la publicidad de los datos de las declaraciones juradas solo podrá ser requerida a la Comisión Provincial de Ética Pública en casos puntuales. El medio porteño indicó que se comunicó con autoridades del Gobierno de Santa Cruz para solicitar una copia de la declaración jurada del mandatario, pero no obtuvo ninguna respuesta.
En el caso de Valdez en Corrientes, la ley provincial establece que las declaraciones juradas del gobernador se presentan ante la Escribanía General de Gobierno y son a sobre sellado y lacrado, por lo que solamente pueden ser abiertas mediante una orden judicial. Valdez se reusó a mostrar sus bienes de forma voluntaria a ese medio nacional.
Un caso muy particular es el de Formosa, donde Insfrán gobierna desde hace 29 años, debido a que no hay Ley de Ética Pública ni está claro cómo es el régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
Según pudo saber TN, la declaración jurada del gobernador Quintela tendría que poder hallarse en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, pero no aparece.
Tanto Insfrán como Quintela no accedieron a pedidos de presentar por voluntad propia una copia de sus declaraciones juradas.
