A partir de octubre, las tarifas de gas experimentarán una baja de entre 3% y 6%, en una medida del Gobierno que busca tener un impacto directo en la inflación. Esta reducción se producirá principalmente debido a la disminución del costo del Gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), una de las variables clave que determina el precio final para los usuarios.
Durante los últimos días, esta posibilidad había circulado, pero lo que aún no estaba claro era si el Gobierno aprovecharía la oportunidad para continuar con la reducción de subsidios, o si optaría por incentivar una baja en la inflación. El oficialismo espera que esta medida también reduzca los argumentos de ciertos sectores para justificar la suba de precios en productos que dependen del gas, alineándose así con su estrategia de control de precios.
Aunque el mercado especulaba que la resolución sería oficializada en los próximos días, todo indica que el anuncio se realizará el lunes, cuando se determinará de manera concreta cuánto disminuirán las facturas.
La dificultad para precisar una cifra exacta en este momento radica en que, si bien el costo del PIST bajará, se espera un incremento en los costos de Transporte y Distribución, lo que podría afectar el cálculo final. No obstante, las estimaciones apuntan a que la rebaja oscilará entre el 3% y el 5%.
Por otro lado, aún no se descarta que desde el Ministerio de Economía se impongan límites a los costos de otros servicios como la electricidad y el transporte público, además de mantener el control sobre el precio de las naftas. Estas acciones no solo impactarán directamente en lo que los usuarios pagan por esos servicios, sino también en el precio de productos que incorporan dichos costos en su valor final.
Una de las prioridades del ministro Luis Caputo es alcanzar una inflación mensual del 3% para fin de año, un objetivo que ha estado persiguiendo en los últimos meses sin éxito. En agosto, la inflación se ubicó en el 4,2%, lo que sigue representando un desafío significativo para su gestión.
Impacto en la pobreza
Aunque el Gobierno no quiere reconocer el incremento de 11 puntos en la pobreza durante el primer semestre de gestión, con la tasa superando el 52%, este tipo de decisiones apunta a cambiar la percepción pública, intentando generar la sensación de que “se está actuando” ante los datos alarmantes.
Un dato revelador es el costo de los servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) para un hogar promedio en el AMBA sin subsidios, que alcanzó en septiembre los $141.543, reflejando una baja del 2% mensual. Sin embargo, esta reducción fue consecuencia de una caída en el consumo energético, un indicador preocupante. A modo de comparación, esa misma familia necesitaba $30.105 en diciembre para cubrir los mismos gastos, lo que representa un incremento del 370% en solo nueve meses.
Este contexto, marcado por la pobreza y la creciente presión inflacionaria, evidencia los desafíos económicos que enfrenta el país y cómo cada ajuste tarifario impacta tanto en los bolsillos de los ciudadanos como en la percepción social del Gobierno.
