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En plena feria judicial, el vocero Manuel Adorni oficializó las intenciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de proponerle al procurador interino Eduardo Casal la creación de una “fiscalía especial” que investigue “la corrupción de los funcionarios públicos”. No fueron pocos los integrantes del Ministerio Público Fiscal que se sorprendieron con el anuncio y advirtieron que ya existe un organismo con las funciones investigativas que tendría, según describió el funcionario de la Casa Rosada en la conferencia de este jueves.
“El ministro de Justicia le va a sugerir al procurador general Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados. Esto incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, dijo Adorni.
El vocero agregó: “Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito, que nunca puede producir ningún tipo de beneficio”.
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La novedad sorprendió a muchos integrantes del Ministerio Público Fiscal en plena feria judicial, con muchos de los consultados por PERFIL de vacaciones. Hasta el momento no se conocen los términos de la propuesta formal que pretende enviarle el ministro de Justicia al jefe de los fiscales, y según fuentes judiciales todavía no hubo reuniones o gestiones referidas al tema. “No va a haber nada hasta después de la feria”, indicaron.
Por lo pronto, no son pocos los y las fiscales federales que recibieron con desconcierto la confirmación oficial que hizo Adorni. Uno de los señalamientos de la mayoría de los consultados por este medio es que la fiscalía especial que busca proponer el Gobierno ya existe y se llama Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), creada en la ley orgánica del Ministerio Público.
Esa oficina, cuyo titular en la actualidad es el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, está especializada en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, de acuerdo a la definición del propio MPF. De todos modos, no interviene en hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativos o Judicial ni tampoco en instancias provinciales, como sí pretende Cúneo Libarona de acuerdo a lo que dijo el vocero presidencial.
Clima de sospecha y desconcierto entre fiscales
En ese marco, un conocido fiscal con despacho en el edificio de Comodoro Py señaló que la intención del Ejecutivo parece ser la “sustitución” de la PIA y que tiene una leve sospecha de que en el Gobierno hay un fuerte desconocimiento de las competencias de ese organismo, lo cual “no se entiende muy bien”. A su vez, marcó que poner una instancia federal a investigar delitos de funcionarios provinciales sería una “afrenta” que “no pueden desconocer”.
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“O hay desconocimiento o una segunda intención que no sabemos”, dijo a PERFIL.
En la Rosada hay quienes dejan trascender que se trataría de un elemento más para presionar a los gobernadores en el marco de las resistencias a la ley ómnibus. El objetivo sería que sus legisladores finalmente acompañen la iniciativa, aunque en el mundillo judicial es un tema que poco importa.
Otro integrante del MPF dijo que además de la PIA ya hay otros organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) o la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). “No se qué sentido tiene, no se lo encuentro”, expresó. De acuerdo a su punto de vista la Procelac tiene una amplia gama de recursos, al igual que la DAFI, dedicada, dijo, al análisis patrimonial.
De ese modo, la fuente insistió con que ya existen unidades u organismos dedicados a la investigación de lo que pretende el gobierno. Otro referente, que ve con buenos ojos la intención oficial, marcó que esos organismos intervienen solo a pedido de un fiscal de instrucción.
Así y todo, en términos generales, la mayoría de las fuentes consultadas por este medio coincidieron en que tanto la PIA como la Procelac y el resto de los organismos que integran la estructura del MPF al servicio de las investigaciones de casos de corrupción funcionan bien.
El factor territorial y las críticas a Cúneo Libarona
El factor de intervención en casos provinciales que tendría la Fiscalía especializada que Cúneo Libarona le quiere proponer a Casal, siempre en palabras de Adorni, es un elemento que no deja de llamar la atención. Lo primero que se advierte es que si tuviera jurisdicción federal no podría entender en investigaciones de corrupción donde estén vinculados funcionarios de las provincias porque habría un conflicto de competencia con los sistemas persecutorios provinciales. Ello a menos que haya en juego, por ejemplo, fondos federales.
Las críticas a Cúneo Libaron parecen repetirse tras el anuncio. “No tiene idea del sector público aun tratándose de temas de Justicia“, dijo una fuente del Ministerio Público.
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Un fiscal que tuvo fuerte protagonismo en años anteriores a partir de un caso de fuerte resonancia mediática le dijo a este medio que le parece una idea muy buena y que lo primero que habría que hacer para instrumentarla sería reformar la ley y que la corrupción sea considerada un delito federal. A diferencia de quienes marcaron oposición a la propuesta, se mostró disconforme con el funcionamiento de la PIA o la Procelac y dijo que se debe tomar como ejemplo el caso de España, que desde hace casi dos décadas tiene una Fiscalía Especial Anticorrupción.
En principio, destacó, “esto tiene un efecto simbólico muy importante”. Ello a pesar de que avanzar con un sistema de esas características podría motivar una fuerte reacción y resistencia de parte de fiscales que verían recortadas o afectadas sus competencias. “Las reacciones serán de los mismos de siempre, pero hay que observar que en el mundo fiscalías de ese tipo funcionan”, marcó. “Bienvenido sea”, se limitó a expresar otra fuente judicial en el mismo sentido.
Sobre el efecto simbólico, una fiscal federal de una provincia sintetizó la iniciativa como “humo para la gilada”.
Por estas horas, los celulares de los fiscales y fiscalas hierven ante los intercambios entre colegas tras el anuncio oficial. Más allá del anuncio, la gran expectativa está puesta en conocer los detalles de la propuesta que Cúneo Libarona le eleve a Casal, aunque este no tenga la facultad de crear nuevas fiscalías.
AS/fl
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