La investigación sobre la venta ilegal de mercancía proveniente del Ministerio de Desarrollo Social, la información registrada hasta el momento, se centra en una hoja de cálculo de Excel puede resultar fundamental para avanzar en la causa.
En dicha planilla se detallan las 73 organizaciones civiles y sociales que retiraron víveres correspondientes al mes de diciembre. Sorprendentemente, cerca del 30% de estas entidades no presentaron informes sobre el destino de los alimentos recibidos.
El proceso operativo se desarrolla de la siguiente manera: los beneficiarios solicitan los módulos alimentarios, cada uno con un peso de ocho kilos, al Estado. Desarrollo Social emite una orden para que retiren la mercadería de la sede de la empresa Hacha de Piedra, ubicada en Alderetes y perteneciente a un grupo empresario con base en Buenos Aires.
El mes de diciembre se destacó por un aumento especial en las partidas de víveres, incrementando en un 50% lo que las organizaciones reciben mensualmente. Se distribuyeron más de 50.000 módulos alimentarios, equivalentes a aproximadamente 400.000 kilos, con una inversión estatal que supera los $320 millones, según información proporcionada por el diario La Gaceta.
Oficialmente, se informó que individuos que solicitan ayuda de manera personal en Desarrollo Social pueden retirar hasta dos módulos por mes (16 kilos). Por otro lado, organizaciones civiles y sociales, comunas, municipios, y según información reciente, entidades gremiales como el Sindicato de Ladrilleros, también tienen la posibilidad de recibir mercaderías, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
En el transcurso de los primeros días de enero, Desarrollo Social identificó que 20 organizaciones, casi el 30% de las beneficiadas, no habían cumplido con la obligación de informar sobre el destino de los víveres. Según los informes oficiales, se desconoce qué ocurrió con la mercadería entregada a estas 20 agrupaciones, que recibieron aproximadamente 15.000 módulos (alrededor de 120.000 kilos) con un costo total de $119 millones, más de un tercio de la inversión total.
El ministro Federico Masso en una entrevista explicó, “Analizamos la situación con el gobernador Jaldo y decidimos suspender las órdenes de entrega hasta que presenten la documentación correspondiente y sea analizada por nuestro personal”, advirtió.
El funcionario anticipó que si es que no llegaran a cumplir con el trámite, los módulos alimentarios serán redistribuidos entre las agrupaciones que estén en regla. “Obviamente que nos preocupa que mucha gente se pueda quedar sin comer, pero tampoco podemos permitir todas esas improlijidades. Buscaremos la manera de asistirlos”, finalizó Masso.
