Finalmente, parecía este jueves por la noche que “la política” empezaba a encontrar un punto de consenso en este enero de sesiones extraordinarias: el Gobierno habría llegado a un principio de acuerdo con la oposición considerada “dialoguista”, aceptando modificaciones de enorme importancia en varios de los puntos más polémicos del proyecto de Ley Ómnibus, y eso abriría la posibilidad concreta de que se apruebe la semana próxima en la Cámara Baja.
Entre los cambios que sufrirá el proyecto original, que eran condición imprescindible que habían planteado la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para acompañar el dictamen del oficialismo, se encuentra la reducción de 2 a 1 año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, con una mayor restricción además de las emergencias declaradas, y la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).
También se habría acordado que YPF no estará en el listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, y el pase a archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.
La oposición también le había pedido al Gobierno que acepte acotar la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto Francos y Caputo no dieron el brazo a torcer y dejaron en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
La oposición le había pedido al Gobierno que también acepte acotar el abordaje de la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto la gestión Milei se mantuvo firme y dejó en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
Así lo confirmó en diálogo con la prensa acreditada en Diputados el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, luego de participar de una reunión en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, con el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
“Fue una buena reunión. Planteamos nuestras alternativas y nuestras objeciones al proyecto y el gobierno se mostró receptivo a los planteos”, manifestó el cordobés radical. Tras esta clara demostración de pragmatismo, algo que en algún momento parecía lejano, el oficialismo encamina la negociación y lograría firmar el dictamen de mayoría con la colaboración de los bloques más cercanos de la oposición, que naturalmente incluyen al PRO.
El debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales continuará el lunes o martes, y tras la firma del dictamen se convocará al recinto para sesionar el jueves 25, un día después del paro y movilización del movimiento obrero y los movimientos sociales.
“Nos trajeron un punteo de temas. Ahora estamos esperando que nos acerquen la redacción final del proyecto”, señaló De Loredo antes de sumergirse en una reunión de su bloque para plebiscitar la propuesta del Gobierno.
Por su parte, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, calificó el encuentro con los funcionarios del Ejecutivo como una “buena reunión” y valoró la “actitud del Gobierno de encontrar puntos de acuerdo”.
El rionegrino participó de la reunión junto a sus compañeros del espacio Cambio Federal Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, además de Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
Massot se mostró conforme pero avisó que el detalle del proyecto recién llegará a sus manos el domingo o lunes, por lo que la decisión final de acompañar el dictamen oficialista se tomará en esos días.
El PRO también participó de la reunión en el despacho de Menem pero tanto el jefe de bloque, Cristian Ritondo, como María Eugenia Vidal, se retiraron por la puerta trasera sin dar declaraciones oficiales a la prensa acreditada que se había apostado frente a la puerta de la oficina para recabar testimonios.
Los principales cambios en el proyecto de “ley de Bases”
- Delegaciones facultades: el Gobierno aceptó reducir de dos años (con posibilidad de otros dos años de prórroga) a un año. Se reducen las emergencias.
- Fórmula de movilidad jubilatoria: la suspensión de la ley vigente sin un reemplazo como pretendía el menú quedó fuera del menú. Quedaron en pie dos opciones. La primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior. La otra opción es directamente retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.
- Retenciones: se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%.
- Privatizaciones: se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización pero se quita de la nómina a YPF, que de esta forma continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acordó que ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso.
- Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.
- Reforma electoral: se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción cuya aplicación gravemente la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. Se mantiene el sistema actual.
