Javier Milei ya tiene listo para publicar un decreto de necesidad y urgencia que desregula absolutamente todas las leyes argentinas: desde las sociedades del Estado, que las transforma en Sociedades Anónimas; las leyes de empleo público y de comunicación audiovisual; el régimen de obras sociales y también los contratos de alquiler.

Después de la sanción de las medidas económicas, el presidente sabe que viene por delante una época muy dura, de alta inflación y atraso salarial. Por eso está decidido a pisar el acelerador a fondo para liberar toda la producción y la sociedad de los miles de cepos que traban su desenvolvimiento.

El DNU que se publicará entre mañana y el lunes, tiene una extensión y una profundidad sin precedentes y fue elaborado en el más absoluto silencio, durante varios meses, por un equipo liderado por Sturzenegger, con la ayuda de varios administrativistas y estudios jurídicos.

Es periodista  de Tn, Adrián Ventura, tuvo acceso al documento de aproximadamente 250 páginas que incluye la desregulación económica, modifica la Ley de Defensa de la Competencia, y transforma la Ley de empleo público.

El DNU pretende transformar todos los aspectos económicos y aspira a convertirse en un nuevo pacto social. El gobierno sabe que tendrá un impacto económico muy profundo esta desregulación tan intensa, mayor que la del gobierno de Carlos Menem.

Los puntos centrales del DNU sobre la desregulación económica y productiva

En materia de alquileres, las partes podrán pactar los contratos en cualquier moneda extranjera y se prohíbe expresamente a los jueces que conviertan el precio a pesos.

En trazos generales mantiene la Ley de Reforma del Estado aprobada durante el Gobierno de Carlos Menem (Ley 23696), el régimen del transporte y de medicamentos. No se salvan ni los odontólogos.

El principio general es que se desregula absolutamente toda la actividad económica y productiva, lo cual implica para la Argentina un cambio total de paradigma económico y social.

En cuanto se publique, el decreto entrará plenamente en vigencia, ya antes de ser enviado al Congreso Nacional. Pero la Constitución Nacional establece en el artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo debe enviar igualmente la norma al Poder Legislativo para que, luego del trámite de rigor, eventualmente lo apruebe o derogue.

El gobierno descuenta que el Congreso no será un obstáculo para el decreto, pero igualmente descuenta que deberá lidiar con cientos de impugnaciones judiciales.

En forma paralela, el Ejecutivo está terminando de pulir varios proyectos de ley que incluyen una Reforma Laboral -algo también se incluye en el DNU- y la Reforma de la Ley de jubilaciones.

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