Por primera vez desde que asumió como gobernador, Osvaldo Jaldo se reunió con altos mandos de la Policía en la Casa de Gobierno. El jefe de la fuerza, Joaquín Girveau, presentó los números de los primeros 11 días de gestión (del 1 al 11 de noviembre). La cifra más impactante fue la cantidad de detenidos: 890. De ese número, menos de la tercera parte (210) fueron por haber cometido algún tipo de delito, mientras que el resto terminaron arrestados por contravenciones (680). Abogados penalistas expresaron sus dudas sobre esta estrategia, ya que consideran que se está usando una herramienta declarada anticonstitucional.
“El Gobernador quiso conocerlos, saber en qué estaban trabajando y cómo estábamos llevando el inicio de esta gestión; se explicó el trabajo que se está realizando”, señaló el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
La mayoría de los arrestos se realizaron en operativos en toda la provincia. Pero los resultados más notables ocurrieron en barrios como Villa 9 de Julio, La Costanera, San Cayetano y Manantial Sur. “Desde un principio dijimos que nuestro objetivo es tener presencia en las zonas más conflictivas. Eso es lo que hicimos en estos días”, explicó Girveau en una entrevista con el medio La Gaceta. “No es una estrategia nueva; es la nueva táctica para recuperar las calles”, añadió.
Las opiniones sobre estos operativos son divididas. Por un lado, los vecinos se mostraron contentos por la mayor presencia policial en la zona. “Finalmente empezaron a patrullar esta área. Ya no están los delincuentes buscando a quién robar. El jueves por la noche, un vehículo policial los perseguía”, mencionó María Laura Fuentes, de San Cayetano. “En el barrio ya no se podía dormir. Todas las noches había disturbios y consumo de drogas en las esquinas. Este fin de semana no hubo ninguno”, reconoció Juan Gutiérrez, residente de Villa 9 de Julio.
Por otro lado, abogados penalistas sostienen que la fuerza está cruzando la línea entre lo legal e ilegal. “Con los números que se presentaron, claramente no es un enfoque de mano dura, sino que ya está implementado”, opinó Aníbal Paz. “No puedo decir si es bueno o malo, pero quiero dejar claro que las contravenciones fueron declaradas inconstitucionales. Es evidencia de que el Gobierno busca proteger a los ciudadanos, pero no debe violar los derechos individuales”, destacó.
Su colega José del Río aclaró: “Estamos en tiempos electorales. Este tipo de redadas son procedimientos inconstitucionales al violar diversas garantías. No tengo dudas de que está relacionado con el contexto electoral. Después habrá que ver qué sucede”, explicó.
“La sociedad debe saber que la Policía actuará firme, dentro de la ley, y perseguirá a los delincuentes con medidas judiciales. Nuestra lucha es contra el delincuente. Agradezco al Poder Judicial que nos está apoyando en esta tarea”, añadió Girveau.
Los altos mandos también detallaron al gobernador Jaldo los resultados de los operativos por la ley de Narcomenudeo. Según estadísticas, en los primeros 11 días de gestión, se realizaron 60 procedimientos donde se incautaron drogas y se detuvo a 55 personas (45 hombres y 10 mujeres). Solo 21 de estos procedimientos tuvieron autorización judicial. Los otros fueron realizados al descubrir personas vendiendo drogas en la vía pública.
El abogado Mariano Arcas sostuvo que esos números reflejan lo que está sucediendo en las calles. “Que solo haya 21 procedimientos derivados de una investigación es un tema importante. El objetivo de esta norma es desmantelar organizaciones, no perseguir simples vendedores. También indica falta de colaboración con la Justicia Federal para perseguir a grandes bandas”, afirmó.
“Creo que la flagrancia, en general, está afectando más al consumidor, que es el último eslabón de la cadena. Ahora, si hablamos de allanamientos a casas y quioscos, esas medidas deben basarse en una investigación y datos sólidos para que un juez las autorice”, analizó el penalista Marcelo Cisneros.
En todos estos procedimientos se incautaron 3.456 dosis de cocaína, 4.224 de marihuana y 407 pastillas. Esa cantidad de droga tendría un valor en las calles de más de $4 millones, considerando que los precios promedio son de $600 por dosis de cocaína, $500 por dosis de cannabis y $200 por cada pastilla.
También se informó que se confiscaron 1.865 plantas de marihuana, con las que se podrían haber producido más de 4.665 kilos de esa sustancia. Además, se decomisaron poco más de $600.000 en efectivo.
Girveau aclaró que “la orden del gobernador Jaldo es que mantengamos una lucha frontal contra los traficantes”. “Ese delincuente que se cree dueño del barrio debe saber que la Policía no esperará a que cometa delitos; iremos por él. Así han sido estos días y estos son los resultados positivos que estamos obteniendo”, concluyó.
