Malena Anahí S., una estudiante de 18 años de la escuela Juan Luis Nougues que fue detenida por amenazar con una bomba en la escuela, ha sido beneficiada con arresto domiciliario para permitirle completar sus estudios secundarios.
El 7 de agosto, según la acusación de la fiscal Mariana Rivadeneira, de la Unidad de Delitos Complejos, la joven envió un mensaje a través de WhatsApp a una maestra de la escuela informándole que se habían colocado artefactos explosivos en los tres niveles de la escuela y que podrían causar graves daños a un radio de 1,000 metros. Horas después, envió otra amenaza similar.
Como resultado de este incidente, el 30 de agosto, la Fiscalía logró que el juez Alejandro Valeros dictara una prisión preventiva de 60 días para la alumna y ordenara un embargo de $3 millones para asegurar su participación en el proceso. Este monto se estimó en función de los costos que habría implicado evacuar a los estudiantes y residentes en el área.
La acusada afirmó que ya no utilizaba la línea telefónica que se le atribuía y señaló a uno de sus compañeros como el verdadero responsable de las amenazas. En la primera audiencia, el abogado defensor, Juan Martín Villegas, se opuso a las acusaciones y solicitó medidas menos restrictivas. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada porque se consideró que, en libertad, la acusada podría obstaculizar el proceso al influir en los testigos o hacer nuevas amenazas a través de dispositivos.
Otro sospechoso también fue investigado en relación con este caso. La Fiscalía y la defensa avanzaron simultáneamente con sus teorías del caso, y tras la declaración de la alumna, se llevó a cabo un allanamiento en la casa de un adolescente de 17 años. Se confiscaron los teléfonos celulares de los residentes de esa vivienda, y tanto el estudiante como su madre fueron informados de que serían investigados por el delito de intimidación pública. Dado que se trata de un menor de edad, no se puede revelar su nombre.
En vista de esta situación, Villegas solicitó una nueva audiencia para proponer que se suavice la medida cautelar impuesta a la adolescente Serrano. El abogado argumentó que, después de más de 20 días de detención, la investigación había avanzado y se habían realizado varias de las medidas y pericias previstas al inicio del caso. Consideró que los riesgos procesales ya no eran aplicables y pidió que se reemplazara la prisión preventiva por arresto domiciliario para Serrano.
“Malena no tenía la intención de cometer un delito, le pedimos que se le otorgue arresto domiciliario para que pueda continuar su educación de manera virtual y completar sus estudios”, dijo Villegas al juez a cargo de la segunda audiencia, Bernardo L’Erario Babot. Además, el defensor agregó: “Malena está en su último año y tiene muy buenas calificaciones. Creemos que estudiando de forma virtual no interferirá con el proceso. También se compromete a asistir a cada audiencia y a no asistir a ninguna fiesta escolar”.
La fiscal Rivadeneira, por su parte, reconoció que la defensa tenía razón en cuanto a que los riesgos procesales se habían reducido y que no se oponía al arresto domiciliario. Sin embargo, aclaró: “Entendemos que podría haber otro autor del hecho en este momento, pero eso no significa que hayamos descartado la posibilidad de que la acusada haya participado. De todos modos, creemos que, a estas alturas, si se llega a un juicio oral, la imputada no influiría en los testigos convocados”.
Dado que no hubo objeciones entre las partes y se consideró razonable la solicitud, el juez L’Erario Babot otorgó el arresto domiciliario a la joven. La medida de embargo de $3 millones sigue vigente por el momento.
