Con el fin de detener el proceso de aumento de tarifas de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, presentó una acción de amparo colectivo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo contra el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept). En esta acción, solicita a la justicia una medida cautelar urgente.
El líder de la Defensoría del Pueblo argumenta que se han violado los derechos constitucionales a recibir información veraz y adecuada, así como el derecho a participar en una audiencia pública previa al aumento de tarifas. Según Cobos, esta situación se origina en la convocatoria realizada por Ersept, que en lugar de ser una audiencia pública, se denomina “consulta documentada”.
“La ley expresa que el Ersept al instrumentar los procedimientos de participación pública debe contemplar que las convocatorias se realicen mediante la suficiente comunicación pública por los medios que entienda necesarios. Sin embargo, no ha existido una debida y eficaz difusión del llamado a la consulta pública documentada. Es bien sabido que el ciudadano medio no lee el boletín oficial. Se ha omitido la difusión en la redes sociales, las páginas propias del Ersept, y no se han utilizado medios radiales ni televisivos. Es decir, el objetivo de garantizar al difusión del llamado no se ha cumplido”, argumenta Cobos en su presentación.
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Además, cuestiona la rapidez con la que Ersept llevó a cabo el proceso. “Es sorprendente la brevedad de los plazos. La resolución se emitió el 14 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial el 15 y el proceso comenzó el 16. Esto muestra claramente una falta de razonabilidad en cuanto a la anticipación de los plazos y la posibilidad de que la población esté adecuadamente informada y pueda participar”, agrega.
Cobos también argumenta que, aunque la consulta documentada está contemplada en la ley, constituye una violación evidente de los derechos constitucionales de los usuarios. “Esta modalidad no garantiza ni asegura el debate necesario que este tema merece, especialmente cuando el aumento de tarifas podría llevar a que algunos usuarios no puedan pagar el servicio”, destaca.
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En su presentación, Cobos demuestra con documentación oficial que la convocatoria a la consulta no tuvo una respuesta masiva. “Un ejemplo claro de la ineficacia del sistema de consultas públicas documentadas es que, en la primera etapa, solo EDET (la empresa interesada) y la representante de los usuarios en Ersept, Silvia López (cuya participación es obligatoria), se inscribieron”, señala.
Como resultado de todo esto, el Defensor del Pueblo solicitó la anulación del proceso y la convocatoria a una audiencia pública presencial y virtual. “Para evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios, que corren el riesgo de enfrentar un aumento de tarifas sin haber tenido la oportunidad de participar en un debate, pido que se suspenda de inmediato la consulta documentada y todas las acciones derivadas de la misma “, concluye.
