La causa judicial que enfrentó a un grupo de vecinas de Graneros con la intendenta Raquel Graneros y su madre, la legisladora provincial Alejandra Cejas, tuvo un desenlace favorable para las mujeres denunciadas. La Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de las acusadas, poniendo fin a un proceso penal que comenzó cuando intentaban reclamar asistencia para las familias afectadas por las inundaciones.
El episodio ocurrió el 28 de abril de 2026, a la salida de una misa, cuando las mujeres se acercaron a la jefa municipal con la intención de entregarle un petitorio y pedir respuestas por la situación que atravesaban distintos sectores de la localidad.
Pero aquel reclamo terminó convirtiéndose en una causa penal. La intendenta y su madre denunciaron a las vecinas por presuntas amenazas de muerte, intimidaciones y daños contra el vehículo en el que se trasladaban. Incluso sostuvieron que habían recibido advertencias de que prenderían fuego su vivienda.
La denuncia tuvo consecuencias concretas para las mujeres: fueron identificadas, imputadas por amenazas simples y sometidas a medidas judiciales que incluyeron una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de las denunciantes, además de restricciones de contacto por distintos medios durante seis meses.
Los videos, las contradicciones y una nueva denuncia
Desde el comienzo, las vecinas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que nunca habían agredido a la intendenta ni a su madre. Aseguraron que solamente pretendían ser escuchadas y entregar un petitorio por la situación de las familias damnificadas.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las declaraciones de las denunciantes sobre el tiempo que habrían permanecido dentro de la camioneta. Mientras que Graneros y Cejas habrían manifestado que estuvieron alrededor de diez minutos sin poder retirarse, las mujeres sostuvieron que las imágenes del Centro de Monitoreo mostraban una secuencia de menos de 30 segundos.
Las contradicciones señaladas llevaron a las vecinas a dar un paso más: en julio presentaron una denuncia penal contra la intendenta y la legisladora por presunto falso testimonio. Solicitaron que se investigaran las declaraciones realizadas bajo juramento y que fueran cotejadas con las grabaciones incorporadas al expediente.
En medio del proceso, las mujeres también cambiaron su representación legal y designaron al Dr. Juan Pablo Molinuevo como nuevo abogado defensor.
Finalmente, el desenlace llegó con el sobreseimiento definitivo de las vecinas, que quedaron fuera de la acusación penal que había impulsado la intendenta y su madre.
Cuando el poder político denuncia a quienes reclaman
Más allá del resultado judicial, lo ocurrido en Graneros deja una cuestión institucional que merece ser analizada.
Una intendenta, que cuenta con toda la estructura y los recursos que representa conducir un municipio, terminó llevando a la Justicia a un grupo de mujeres que, según sostuvieron desde el primer momento, solamente buscaban respuestas por las inundaciones y asistencia para sus familias.
Del otro lado estaban vecinas que debieron afrontar una investigación penal, restricciones judiciales, gastos de defensa, incertidumbre y el peso de haber sido señaladas por presuntas amenazas de muerte.
Hoy, esas mismas mujeres consiguieron un resultado judicial favorable.
¿Quién se hace responsable por todo lo que tuvieron que atravesar? ¿Qué sucede cuando una autoridad con poder político y recursos institucionales denuncia penalmente a ciudadanos que se acercan a reclamar? ¿Qué consecuencias debería tener para quienes impulsan acusaciones que finalmente no prosperan? ¿Tendrán las vecinas la posibilidad de obtener una reparación por los daños que consideran haber sufrido?
También queda pendiente conocer qué sucederá con la denuncia por presunto falso testimonio presentada contra Graneros y Cejas.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿se puede gobernar de espaldas a los reclamos de los vecinos y, cuando esos vecinos insisten en ser escuchados, responderles con una denuncia penal?
En Graneros, las mujeres llegaron buscando ayuda y terminaron enfrentadas a la Justicia. Hoy el resultado les dio la razón en la causa que se inició en su contra. El poder de una función pública no puede estar por encima del derecho de los ciudadanos a reclamar y exigir respuestas.
