Las nuevas presentaciones apuntan a ejecutivos y directivos de Rockhopper, Borders & Southern, Desire Petroleum, Navitas y Eco Atlantic. El objetivo es determinar quiénes participaron de las decisiones vinculadas con los proyectos hidrocarburíferos.
El Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias penales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las Islas Malvinas e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías que participan de esos proyectos.
Los nuevos escritos, a los que accedió Infobae, incorporan a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de profundizar la pesquisa sobre integrantes de Navitas Petroleum y Eco Atlantic. Una de las presentaciones amplía la causa CFP 4437/2026, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, principalmente en relación con el proyecto Sea Lion.
Las acciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio.
La investigación apunta a las decisiones detrás de los proyectos
La nueva etapa judicial busca avanzar más allá de la identificación de las empresas que intervienen en las actividades petroleras. El objetivo planteado por el Gobierno es reconstruir la cadena de decisiones y determinar quiénes estuvieron involucrados en la planificación, el financiamiento, la contratación, el asesoramiento jurídico, la dirección y la ejecución de las operaciones.
En total, los escritos individualizan a 27 personas físicas. Al comparar esos nombres con los 60 empresarios y compañías que ya habían sido alcanzados por procedimientos administrativos, surge que 16 de los identificados ahora no figuraban en aquellas listas.
Entre los ejecutivos incorporados aparecen integrantes de Navitas Petroleum Limited Partnership, como Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg. También fueron incluidos Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor, vinculados con Navitas Petroleum Development & Production Limited.
Los cargos mencionados en la documentación abarcan áreas de conducción, finanzas, asesoramiento jurídico, operaciones, exploración, desarrollo de negocios y gestión comercial, entre otras funciones relacionadas con el proyecto Sea Lion.
También quedaron bajo la lupa ejecutivos de Eco Atlantic
La presentación incorpora además a siete integrantes de Eco Atlantic Oil & Gas: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.
Los primeros seis ya habían sido mencionados en los procedimientos administrativos impulsados por el Gobierno. La novedad es que ahora quedaron expresamente incorporados al objeto de una investigación penal. Ferguson, en cambio, no figuraba en las nóminas administrativas conocidas hasta el momento.
Holzman aparece como presidente y CEO de la compañía, mientras que Levin figura como CFO. El resto de los nombres corresponde a integrantes del órgano de administración con diferentes responsabilidades ejecutivas y no ejecutivas.
Según la presentación, la investigación pretende determinar qué personas adoptaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisaron las decisiones relacionadas con las actividades petroleras.
Borders & Southern y Desire Petroleum
Otra de las denuncias se concentra en Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC. Allí fueron individualizados Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.
El caso también amplía el alcance geográfico de la investigación, ya que no se limita al proyecto Sea Lion. Borders & Southern está vinculada con la licencia PL018, donde se encuentra el descubrimiento hidrocarburífero Darwin East-1.
La documentación sostiene que Borders & Southern Falkland Islands Limited figura como operadora con una participación del 100% en esa licencia. La Justicia deberá establecer cuál fue el papel de las personas identificadas en las decisiones vinculadas con la exploración y una eventual explotación.
En cuanto a Desire Petroleum, la empresa tiene antecedentes de conflicto con el Estado argentino. En 2012, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la Plataforma Continental Argentina y la calificó como clandestina por realizar operaciones hidrocarburíferas sin autorización nacional. Al año siguiente, el Estado volvió a cuestionar sus actividades y la compañía fue inhabilitada durante 20 años para operar en la Argentina.
De acuerdo con la documentación incorporada a la nueva presentación, Desire continuaba vinculada en marzo de 2026 con distintas licencias petroleras en el área de Malvinas. En este caso, la denuncia todavía no individualiza a sus ejecutivos y solicita que la Justicia determine quiénes participaron de las actividades investigadas.
Qué busca determinar la Justicia
Las denuncias se sustentan principalmente en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, que establece sanciones para las actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
El artículo 7 contempla penas de prisión, multas e inhabilitación para quienes encarguen o realicen tareas de exploración sin autorización. La escala penal aumenta cuando se trata de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos.
El artículo 8, en tanto, permite investigar la eventual responsabilidad de personas que hayan actuado dentro de las empresas, como directores, gerentes, administradores, representantes o autorizados. El artículo 9 contempla consecuencias para las personas jurídicas.
Las presentaciones también dejan abierta la posibilidad de investigar posibles infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código Aduanero, además de otras hipótesis que deberán ser determinadas durante la investigación.
La aparición de los nombres en los escritos no implica, por sí misma, una imputación ni determina responsabilidad penal. La Justicia deberá establecer cuál fue la intervención concreta de cada persona en las actividades denunciadas.
De esta manera, la ofensiva judicial del Gobierno busca avanzar sobre las estructuras empresariales vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas y determinar si existen responsabilidades individuales detrás de las decisiones relacionadas con proyectos como Sea Lion y Darwin East-1.
