La asistencia financiera otorgada por el Gobierno de Osvaldo Jaldo a la Municipalidad de Yerba Buena vuelve a poner bajo la lupa la relación política entre el oficialismo provincial y el denominado “camperismo”, en un momento particularmente sensible para la oposición tucumana.
De acuerdo con la información que circula en ámbitos políticos, el municipio habría recibido en los últimos días una suma extraordinaria cercana a los $1.200 millones, en concepto de asistencia financiera.
El dato político adquiere especial relevancia por el momento en que se produce. La asistencia aparece después de que sectores vinculados al camperismo profundizaran sus cuestionamientos contra Lisandro Catalán y Federico Pelli, dirigentes de La Libertad Avanza en Tucumán, en una disputa que excede las diferencias electorales y empieza a configurar un escenario de fuerte fragmentación dentro del espacio opositor.
La pregunta que comienza a instalarse en el ámbito político tucumano es inevitable: ¿se trata simplemente de una asistencia institucional a un municipio o existe detrás una negociación política destinada a dividir a la oposición?
El vínculo entre Jaldo y el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, no es nuevo. En febrero de este año ambos mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno. Tras aquel encuentro, el propio municipio destacó el “buen diálogo” entre ambos y la importancia de la articulación institucional entre la Provincia y la ciudad.
El interrogante surge ahora con mayor fuerza porque Yerba Buena es uno de los principales escenarios electorales de la oposición tucumana y, al mismo tiempo, un territorio donde La Libertad Avanza busca consolidar una estructura competitiva hacia 2027.
Para los sectores que cuestionan este entendimiento, la asistencia financiera podría ser interpretada como un salvataje político y como parte de una estrategia más amplia: fortalecer a determinados actores territoriales, promover la fragmentación de la oposición y evitar que se consolide un liderazgo opositor capaz de disputar el poder provincial.
La discusión, entonces, queda planteada en términos políticos: si existe un acuerdo entre Jaldo y el camperismo, la transferencia de recursos podría ser presentada como una señal concreta de ese entendimiento; si no lo existe, el oficialismo y el municipio deberán explicar con claridad el destino, el monto total y las condiciones de las asistencias recibidas.
En medio de una oposición que intenta ordenar sus filas, cada movimiento adquiere una dimensión electoral. Y una pregunta comienza a recorrer la política tucumana: ¿Jaldo está utilizando los recursos del Estado para dividir a quienes podrían convertirse en sus principales adversarios en 2027?
