El avance del Acueducto de Vipos volvió a poner en escena una fuerte discusión política en Tucumán luego de que el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, encabezara una reunión de trabajo vinculada a la futura ejecución del proyecto hídrico más importante de la provincia en las últimas décadas.
Aunque desde la SAT buscaron presentar el encuentro como un paso clave impulsado por la Provincia, lo cierto es que la continuidad de la obra depende centralmente del financiamiento internacional garantizado por Nación y de las gestiones realizadas ante organismos multilaterales para evitar que el proyecto se frenara en medio de las readecuaciones presupuestarias nacionales.
La reunión contó con la presencia del subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, Vicente Heredia, representantes de la DiGePPSE y autoridades de la empresa Cartellone, adjudicataria de la obra. Además, el contrato será firmado directamente entre la constructora y el Gobierno Nacional, un dato que refleja el rol determinante de Nación en el sostenimiento del proyecto.
La obra contempla una inversión cercana a los $170.000 millones, equivalentes a unos US$ 120 millones, financiados íntegramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto incluye una nueva toma de agua, una planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto y reservas para distintas localidades del área metropolitana.
Durante sus declaraciones, Caponio intentó despejar dudas sobre el financiamiento y afirmó que “los fondos están garantizados”, al tiempo que cuestionó versiones sobre posibles recortes. Sin embargo, en ámbitos técnicos remarcan que la obra logró sostenerse gracias a la decisión del Gobierno nacional de mantener el respaldo financiero internacional para una infraestructura considerada estratégica.
El Acueducto de Vipos aparece como una obra clave para una provincia que cada verano enfrenta problemas de cortes de agua, baja presión y un sistema hídrico que funciona al límite producto de años de falta de inversión estructural.
En ese contexto, también crecen los interrogantes sobre el papel que tendrá la SAT durante la ejecución del proyecto. La empresa estatal viene siendo cuestionada desde hace años por problemas operativos, demoras administrativas y deficiencias en la prestación del servicio, por lo que ahora deberá demostrar capacidad de gestión y transparencia frente a una obra de enorme magnitud.
La participación directa de Nación y de organismos internacionales en el seguimiento técnico y financiero también es interpretada como una señal de control sobre el manejo de los recursos. La sociedad tucumana, golpeada por recurrentes crisis de agua potable, espera que esta vez los anuncios se traduzcan finalmente en resultados concretos.
